Indagan al ministro Oscar Aguad por el frustrado acuerdo con el Correo Argentino

Sospechas de corrupciónIndagan al ministro Oscar Aguad por el frustrado acuerdo con el Correo ArgentinoEl juez Ariel Lijo indagará este jueves al ex ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, en la causa por un acuerdo frustrado con el Correo Argentino, la empresa que manejaban los Macri. El actual titular de Defensa es investigado porque avaló el…

Indagan al ministro Oscar Aguad por el frustrado acuerdo con el Correo Argentino

Sospechas de corrupción

Indagan al ministro Oscar Aguad por el frustrado acuerdo con el Correo Argentino

El juez Ariel Lijo indagará este jueves al ex ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, en la causa por un acuerdo frustrado con el Correo Argentino, la empresa que manejaban los Macri. El actual titular de Defensa es investigado porque avaló el pago de una indemnización por parte de la empresa que, para la Justicia, beneficiaba a la compañía en perjuicio del Estado. El convenio no llegó a concretarse.

Cuando estaba en Comunicaciones, avaló una indemnización por parte de la empresa que manejaban los Macri. Para la Justicia, ese convenio beneficiaba a la compañía y perjudicaba al Estado.

En el marco de la causa, el martes declaró el entonces director de Asuntos Jurídicos de Comunicaciones, Juan Mocoroa: los funcionarios se encuentran imputados por los presuntos delitos de “administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública”. Del lado de la empresa, ya declararon (y negaron acusaciones) los representantes Jaime Cibils Robirosa -presidente del Correo- y Jaime Kleidermacher -asesor letrado-. Antes de las 10, Aguad ya había llegado a los tribunales de Comodoro Py.

En este expediente, la Justicia investiga la deuda de la empresa y la responsabilidad de los funcionarios en la negociación con el Estado. Cuando inició la investigación, se pidió indagar sobre el cambio de estrategia de defensa estatal en el marco del trámite del Concurso Preventivo.

El fiscal Gerardo Pollicita y el juez Lijo determinaron que el Estado Nacional “aceptó una propuesta de pago por parte del Correo Argentino SA que en términos objetivos beneficiaba a la empresa en perjuicio del patrimonio público”.

Además, se sostuvo que “los representantes del Estado pasaron de una posición ajustada a derecho y protectora de los intereses pecuniarios que le fueron confinados a una actitud contraria que beneficiaba a la empresa involucrada y perjudicaba los intereses estatales”.

La causa


Cuando se privatizó el Correo Argentino, en 1997, la concesión quedó por 30 años en manos de un consorcio integrado por Socma (67%), el grupo de los Macri, y socios minoritarios. Pero el Correo no pagó el canon y la deuda con el Estado creció hasta que, en 2001, alcanzó los $ 296 millones y entró en concurso de acreedores.

En 2003, la compañía fue estatizada por el entonces presidente Néstor Kirchner. A raíz de la deuda, se inició una causa judicial por el saldo original de $ 296 millones, pero el Gobierno y la empresa llegaron en junio del 2016 (cuando Mauricio Macri ya estaba en la Rosada) a un acuerdo de pago.

Los ex dueños del Correo habían presentado en paralelo una serie de reclamos contra el Estado por $ 1.700 millones, “para compensar las inversiones realizadas”. Con ese escenario de reclamos cruzados, el Gobierno acordó que el Grupo Macri debía pagar $ 300 millones en 15 años y con una tasa de interés del 7%. Pero la fiscal Gabriela Boquín rechazó esa propuesta por considerarla “ruinosa, abusiva” y cuya “irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado nacional”.

La fiscal sostenía que dicho acuerdo implicaría una quita del 98,2% a favor de la firma controlada por la familia del Presidente y un perjuicio multimillonario para el Estado. En esa ocasión, se calculó en más de $ 4.000 millones la pérdida que provocaría la “condonación de la deuda” que implicaba la aceptación del acuerdo con los ex dueños del Correo; lo que se incrementaría hasta los $ 70.000 millones de pérdida, por el plazo de 15 años para pagar y los intereses bajo.

El Gobierno rechazó la acusaciones -argumentó que el Presidente estaba al margen de la negociación- pero el impacto político que produjo la noticia, lo obligó a retroceder.

La responsabilidad de Aguad


Para Pollicita -luego avalado por el juez-, hay pruebas suficientes para señalar que Aguad teniendo “a cargo el cuidado del patrimonio público consistente en el crédito que el Estado verificó en el expediente concursal del Correo, omitió obrar con la lealtad y diligencia de un buen hombre de negocios”. Así, consideró el fiscal que el acuerdo celebrado “ni estuvo cerca de significar para el Estado la celebración de un acuerdo de pago razonable”.

Sobre Aguad ​recae la acusación de haber “impartido instrucciones” a Mocoroa “en base a las cuales se alcanzó el acuerdo en el proceso concursal” en junio de 2016, por lo cual “el Estado aceptó una propuesta de pago por parte del Correo que en términos objetivos beneficiaba a la empresa en perjuicio del patrimonio público”.

​Respecto a Cibils Robirosa y Kleidermacher -presidente y letrado de Correo Argentino SA-, se los señala como partícipes de la operación que otorgaba “un beneficio ilegítimo para la concursada”, ya que con el acuerdo el Estado resignaba una porción inadmisible de la suma adeudada (99,87%).

“Obraron en pleno conocimiento y voluntad del perjuicio al Estado”, indicó Pollicita en su dictamen. De esta manera, se los imputó por el “carácter abusivo del acuerdo celebrado”.

Jueves, 28 de marzo de 2019