La Cámara de Apelaciones de Corrientes confirmó detención

Desde fines de año, la Justicia de Corrientes modificó criterios preexistentes en los casos de abigeato. Sucesivos fiscales y jueces de primera instancia de Paso de los Libres e Ituzaingó trabaron la puerta giratoria de los tribunales, impidiendo la excarcelación de los supuestos cuatreros. Este giro fue avalado por las Cámaras de Apelaciones de Mercedes…

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Desde fines de año, la Justicia de Corrientes modificó criterios preexistentes en los casos de abigeato. Sucesivos fiscales y jueces de primera instancia de Paso de los Libres e Ituzaingó trabaron la puerta giratoria de los tribunales, impidiendo la excarcelación de los supuestos cuatreros. Este giro fue avalado por las Cámaras de Apelaciones de Mercedes y ahora de Corrientes, y responde a una necesidad y reclamo de los productores y las fuerzas de seguridad. Hasta ahora, los imputados recuperaban la libertad a las pocas horas, facilitando acciones obstructivas en el desarrollo de la investigación. Los allanamientos invariablemente llegaban tarde. Las entidades de la producción reclaman que la Legislatura otorgue herramientas legales para conjurar las prácticas delictivas. A la fecha, sólo un par de senadores se mostrarían no receptivos a incorporar la no excarcelación, aunque se espera que ambas Cámaras den una respuesta desde la política, a lo cual deberán sumarse los intendentes, otros de los grandes ausentes en esta cruzada contra el delito.

03-POLITICA-21

El fiscal de Paso de los Libres, Facundo Sotelo hizo punta al pedir al juez de Garantías, doctor Gabriel Alejandro Aldaz, la detención de tres imputados en la llamada causa de Tapebicuá. Luego fue la jueza de feria, Rosa Batalla, quien dispuso la prisión preventiva de los mismos, y ante un recurso de apelación, la Cámara de Apelaciones de Mercedes, con la firma del doctor Carlos Martínez, resolvió un día domingo confirmar la detención en principio por un año. Luego, la Defensa pidió la nulidad y otro juez de feria, en el caso el libreño Daniel Insaurralde, desestimó el planteo, manteniendo la medida.

Con estos precedentes, no extrañó que, ante la denuncia realizada por varios productores, el fiscal de Ituzaingó, doctor Eugenio Balbastro, solicitara y obtuviera del juez de Garantías de la misma localidad, doctor Néstor Oscar Anocibar una serie de allanamientos, y luego la detención de Carlos Gabriel Ferreyra, presunto autor del delito de abigeato. La orientación dada por el juez titular fue ratificada por el juez de feria, doctor Garay y ahora la Cámara de Apelaciones de Corrientes con el aval del doctor Núñez Nuhel, ratificó la decisión de primera instancia que tuvo una fuerte repercusión a escala provincial.

Con estas sucesivas decisiones jurisdiccionales, se apunta a avalar el accionar de la Policía y de la Fiscalía en el desarrollo de las investigaciones, siendo obvio que la inmediata libertad, como disponían los jueces, implicaba no sólo una fuerte desmotivación a la acción de la Policía sino además comprometía severamente el éxito de las investigaciones.

PERMISIVIDAD

Una de las juezas permeables y permisivas es la de Instrucción de Santo Tomé, Sara Durand, que en distintas causas hizo funcionar la puerta giratoria del Juzgado en favor de los detenidos. En el caso Ordenavía, muy comentado en Santo Tomé, la detención se produjo a la tardecita y a primera hora del día siguiente el sospechoso lograba la libertad. El mismo mal precedente aplicó la jueza Durand a sucesivas investigaciones en la zona de Alvear, cuna del cuatrerismo provincial, donde existen 25 cuatreros en actividad plena que, sumadas esposas o hijos, constituyen medio centenar de personas dedicadas al robo de hacienda, con la tolerancia de los funcionarios judiciales y la indiferencia de las autoridades municipales.

En las últimas semanas, además de producirse un cambio de la orientación jurisprudencial se logró, por intervención directa del ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, que tanto Gendarmería como Prefectura pasen a complementar el accionar de la Policía provincial claramente desbordada por la sucesión de hechos delictivos, siendo obvio que al comprobar el nivel de permisividad de las instancias judiciales, todos los esfuerzos pasaban a ser considerados inocuos, produciendo una fuerte desmoralización de las fuerzas de seguridad.

Ahora pareciera que la política tomará cartas en el asunto. Hay precedentes. Un proyecto en el Senado promovido por la senadora Carolina Martínez Llano, que no logró el acompañamiento en la Comisión de Asuntos Constitucionales para ser llevado al recinto, y antes de eso un proyecto de autoría del entonces ministro de Gobierno, Pedro Cassani durante la gestión de Ricardo Colombi que llegó a ser convertido en ley, pero que luego fue declarado inconstitucional.

Los tiempos y las realidades han cambiado en estas dos décadas, desde 2003 a la fecha. Difícilmente hoy haya jueces que se arriesguen a la posibilidad de ser sometidos a juicio político, avalando criterios que van contra la realidad que hoy muestra la Provincia, donde la lucha contra el cuatrerismo exige medidas de excepción acordes a la responsabilidad institucional que la política le debe a la gente.

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