Alimentos, salud y jubilados: los fondos que revisa Luis Caputo para disciplinar gobernadores

En medio de las tensiones con los gobernadores por la ley ómnibus, el Gobierno empezó a revisar los fondos millonarios que envía a las provincias por medio de transferencias discrecionales. Se trata de una caja de $ 1,5 billones que no depende de las transferencias automáticas vinculadas a la coparticipación ni leyes especiales, y que el poder de turno suele usar para disciplinar gestiones díscolas.

El ministro de Economía, Luis Caputo, apuntó contra ese gasto este miércoles al advertir en redes que se reunió con su equipo para delinear las partidas provinciales que se «recortarán inmediatamente» si alguno de los artículos económicos de la ley es rechazado. En diciembre ya había anunciado que iba a «reducir al mínimo» las transferencias discrecionales a las provincias.

El plan acordado con el FMI prevé un superávit primario del 2% del PBI mediante la suba de impuestos y un recorte del gasto, incluyendo la reducción del 0,5% del PBI de transferencias corrientes a las provincias. Pero los malos datos fiscales del 2023 (el déficit fue de 6 puntos, en lugar de 5) y el rechazo de gobernadores a subir retenciones volvieron a poner la lupa en los fondos discrecionales.

Según Empiria, la consultora del exministro de Economía, Hernán Lacunza, Nación transfirió $ 725.000 millones en 2023 por asistencia financiera («muy discrecionales»); $ 442.000 millones por políticas alimentarias, salud, educación y cajas previsionales («bastante discrecionales»); y $ 356.000 millones por el Fondo Nacional de Incentivo Docente, entre otros rubros («menos discrecionales»).

El renglón más grueso contempla los Aportes del Tesoro la Nación (ATN), integrado por el 1% de la masa coparticipable. Caputo podría cerrar esa canilla, que las gestiones suelen administrar para luego abrir a conveniencia. «Néstor y Cristina Kirchner los usaron para compensar a las provincias por las deudas que tenían con Nación», explicó Marcelo Capello, economista del IERAL.

El distrito que se vería más afectado en caso de un recorte sobre los fondos discrecionales sería la provincia de Buenos Aires: fue la más beneficiada el año pasado ($ 763.000 millones) por los ATN, las transferencias a las cajas previsionales y, sobre todo, por el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la provincia de Buenos Aires, creado en 2020 con la quita de recursos a la Ciudad, según Empiria.

La Provincia ganó peso en transferencias automáticas y discrecionales del 19 al 26% entre 1985 y 1995, cuando se creó el Fondo del Conurbano en la gestión de Eduardo Duhalde; cayó a un mínimo del 18% en 2014 durante el conflicto entre Cristina Kirchner y Daniel Scioli, y desde 2016 recibió más dinero discrecional, alcanzando niveles similares a los de Duhalde con la gestión de Axel Kicillof.

Dentro del ranking de provincias que más fondos discrecionales recibieron en 2023, sigue la Ciudad ($ 149.000 millones), Santa Fe ($ 66.000 millones), Córdoba ($ 60.000 millones), Chaco ($ 43.000 millones), Entre Ríos ($ 39.000 millones), y Tucumán ($ 35.000 millones), sin contar las transferencias de capital destinadas a la obra pública, otro rubro sujeto a negociaciones opacas.

Detrás de los tironeos con las provincias, emerge una pelea por la «coparticipación» del ajuste. Los gobernadores ven que la suba del impuesto a las Ganancias a los asalariados (0,4% PBI) no se acerca a la suba de retenciones y el impuesto PAIS (1,2% del PBI), dos tributos que no se coparticipan con las provincias, ni compensa el recorte en las transferencias discrecionales (0,5%).

El Gobierno había acordado el martes concesiones a los gobernadores de JxC (fondos de coparticipación a la Ciudad, coparticipar el blanqueo, mantener algunos fondos fiduciarios y saldar deudas previsionales con el FGS antes de su traspaso, etc), pero quedaron en suspenso después del paro de la CGT y las advertencias de Caputo de endurecer el ajuste sobre las provincias.

Si se considera la fuerte caída de la recaudación del año pasado y la dificultad para reducir el gasto jubilatorio y privatizar empresas, el compromiso con el Fondo aparece cada vez más difícil de cumplir. «Lo máximo que va a poder aspirar es a tener equilibrio primario, sin intereses, con todas estos cambios, todos pelean por la suya, el ajuste es el otro», dijo una fuente cercana al gobierno.

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