El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires tiene ahora en sus manos la causa del Correo Argentino, vinculada a la familia Macri, luego del reciente fallo de la Corte Suprema. Es por eso que la decisión del tribunal será clave para determinar si se revoca la quiebra de la empresa o no.
Desde 2001, el Estado Nacional reclama a la familia Macri una deuda relacionada con la concesión del correo, que estuvo en manos de la firma entre 1997 y 2003, hasta que el gobierno de Néstor Kirchner decidió rescindir el contrato. Durante ese período, el Estado sostiene que la empresa solo cumplió con el pago del canon de concesión durante un año, acumulando una deuda que en 2001 ascendía a aproximadamente 296 millones de dólares. Por su parte, la empresa argumenta que la deuda se encuentra saldada con las propiedades y vehículos que el Estado retuvo tras la rescisión.
El Estado, sin embargo, también reclama intereses acumulados entre 2003 y 2015. A pesar de que el Correo Argentino realizó propuestas de pago, estas fueron rechazadas por los representantes del Estado Nacional, quien es el principal acreedor con un 33% de la deuda. En junio de 2016, durante la presidencia de Mauricio Macri, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial convocó a una audiencia para buscar un acuerdo entre la empresa y sus acreedores. Tras una primera oferta rechazada, se aceptó una segunda propuesta que incluía el pago del total de la deuda en 15 cuotas anuales a partir de finales de 2017.
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La aceptación de esta propuesta generó una denuncia penal contra el entonces ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, y los directivos del Correo Argentino, que fue tramitada por el fiscal Gerardo Policita y el juez Ariel Lijo. La fiscal comercial Gabriela Boquín estimó la deuda en alrededor de 6000 millones de pesos, calificando la oferta como abusiva y perjudicial para el Estado.
La disputa legal se intensificó cuando la jueza Marta Cirulli decretó la quiebra de la empresa. En 2021, el kirchnerismo buscó extender la quiebra a los accionistas de Socma, la principal accionista del Correo Argentino, lo que generó preocupaciones en la familia Macri, ya que los accionistas son los hermanos de Mauricio Macri y los hijos de su hermana fallecida.
Socma impugnó las decisiones de la jueza Cirulli y de la fiscal Boquín, solicitando que el Tribunal Superior de Justicia revisara estas recusaciones. La Corte Suprema, en su fallo reciente en el caso «Levinas», determinó que los fallos de la justicia nacional ordinaria pueden ser apelados ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad.
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Este avance hacia el reconocimiento de la autonomía porteña implica que el Tribunal Superior debe decidir sobre la recusación de Cirulli y Boquín. Si el tribunal acepta la recusación, se anulará el decreto de quiebra emitido el 5 de junio de 2021, lo que podría ser favorable para la familia Macri.
La Corte ya ha enviado la causa del Correo Argentino al tribunal porteño, y el fallo indica que el Tribunal Superior es competente para revisar la sentencia dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Comercial. La causa ahora será tramitada en el Tribunal Superior de Justicia, donde un juez revisará el expediente y, si está completo, lo enviará al fiscal General de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques, para que emita su dictamen.
Vale recordar que Mahiques fue funcionario de Macri y tiene diversos lazos con el PRO. Una vez que Mahiques presente su dictamen, el caso será sometido a debate entre los magistrados del Tribunal Superior. Este proceso comenzará en febrero, tras la finalización de la feria judicial de verano.
JD / CP