Durante las elecciones del próximo 5 de noviembre, los votantes de California decidirán sobre la Propuesta 5, una enmienda constitucional que busca modificar la mayoría requerida para la aprobación de bonos locales destinados a proyectos de vivienda y de infraestructura pública.
La medida reduciría el umbral de aprobación del 66,67% al 55%, lo que facilitaría la emisión de bonos para financiar este tipo de iniciativas. La Propuesta 5 generó un debate intenso entre aquellos que ven en ella una solución para necesidades urgentes y quienes advierten sobre el impacto en los impuestos locales.
La Propuesta 5 propone bajar el requisito de mayoría de dos tercios (66,67%) a 55% para que las jurisdicciones locales, como ciudades y distritos especiales, puedan emitir bonos que financien proyectos de vivienda asequible e infraestructura pública.
De acuerdo con Ballotpedia, esta enmienda se aplicaría a las medidas de bonos locales que también se encuentren en la boleta electoral del 5 de noviembre. Además, la Propuesta 5 exige que las jurisdicciones realicen auditorías anuales para asegurar que los fondos se utilicen de acuerdo con sus propósitos originales, lo que garantizaría transparencia y responsabilidad fiscal.
Los proyectos que podrían beneficiarse incluyen el desarrollo de viviendas asequibles, mejoras en el suministro de agua y saneamiento, protección contra la subida del nivel del mar, y la construcción de hospitales y bibliotecas públicas. En cuanto a la las propiedades accesibles, se contempla la asistencia a personas de bajos y medianos ingresos, veteranos, familias y personas con discapacidades.
Cómo impactará la Propuesta 5 en los impuestos locales
La aprobación de la Propuesta 5 significaría un aumento potencial en los impuestos locales para cubrir el costo de los bonos emitidos. Actualmente, la Constitución de California limita los impuestos a la propiedad al 1% del valor en efectivo total de la propiedad, sin importar cómo se utilicen los ingresos fiscales.
Sin embargo, dicho límite se superó en varias ocasiones, al permitir el uso de impuestos adicionales para pagar deudas autorizadas por los votantes antes de 1978, o por bonos escolares aprobados con una mayoría de al menos 55% después de 2000.
Si la Propuesta 5 es aprobada, más medidas locales relacionadas con la vivienda y la infraestructura podrán financiarse mediante la emisión de bonos. Esto, a su vez, conllevaría un aumento en los impuestos a la propiedad en las áreas que emitan bonos. La medida establece que los fondos recaudados no pueden ser utilizados para salarios o gastos operativos del gobierno local, y limita los costos administrativos de la venta de los bonos al 5% de los ingresos obtenidos.
Los defensores de la Propuesta 5, como el Partido Demócrata de California y varias organizaciones laborales y de derechos civiles, sostienen que esta modificación es necesaria para atender las crecientes demandas de vivienda asequible e infraestructura.
La asambleísta Cecilia Aguiar-Curry, quien patrocinó la medida, afirmó: “Nivelará el campo de juego y creará paridad entre los distritos escolares y las ciudades, condados y distritos especiales, para que todos los gobiernos locales cuenten con una herramienta de financiamiento viable para abordar las necesidades comunitarias”.
Por otro lado, las voces opositoras, incluidas la Asociación de Agentes Inmobiliarios de California y la Asociación de Contribuyentes de California, argumentan que la Propuesta 5 podría desencadenar aumentos masivos en los impuestos locales.
El economista de la Universidad de Pepperdine, Gary Galles, consideró: “Esta medida abriría la puerta a aumentos de impuestos sin precedentes para financiar proyectos vagamente definidos bajo el paraguas de la infraestructura, dando a los políticos de Sacramento lo que desean de los contribuyentes sin brindarles el valor que merecen.”
Los opositores temen que, al reducir el umbral de aprobación, los contribuyentes queden más expuestos a incrementos impositivos destinados a proyectos que consideran de baja prioridad, y que los fondos existentes se malgasten en lugar de utilizarse para necesidades urgentes. Además, señalan que la propuesta socavaría los principios de la Proposición 13, aprobada en 1978, para limitar los impuestos a la propiedad en el estado.
Fiscalización y auditorías: la novedad dentro de la Propuesta 5
Un punto clave de la Propuesta 5 es el requisito de auditorías anuales, lo que promete mayor transparencia y control sobre los fondos. Estos informes estarían a cargo de las jurisdicciones locales y se someterían al auditor estatal de California. Estos se publicarían para que los ciudadanos puedan seguir de cerca cómo se utilizan los fondos en sus comunidades.
Otra restricción importante de la medida es la prohibición de que las entidades locales utilicen los fondos de los bonos para salarios o gastos administrativos. Además, la propuesta impone un límite del 5% a los costos administrativos relacionados con la emisión de bonos, lo que busca evitar la mala gestión de los recursos.
Si bien la Propuesta 5 promete facilitar la financiación de proyectos cruciales, también plantea dudas sobre su impacto a largo plazo en los impuestos locales y la gestión de los fondos públicos.
LA NACION