Luego de establecer el último lunes la suspensión de la impresión de billetes y de decidir que únicamente siga activa su línea de producción de chapas patentes y otros documentos como cédulas verdes y pasaportes, el Gobierno confirmó este jueves la intervención por 180 días, a partir de este viernes, de la Casa de la Moneda, una empresa estatal creada en 1875 que actualmente cuenta con cerca de 1.300 empleados.
Lo hizo por intermedio del Decreto 964/2024, publicado en el Boletín Oficial de este jueves con las firmas de Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.
El documento, en paralelo, designó a Pedro Daniel Cavagnaro como interventor, también a partir del primer día del próximo mes. Según se especificó, tendrá distintas tareas, como elaborar y elevar al Ministerio de Economía un informe de estado de situación de la Casa de la Moneda, y confeccionar un plan de reformulación, readecuación y acción para la sociedad, el cual deberá ser puesto a consideración de la cartera económica.
Deberá, entre otras cosas, “relevar la totalidad de los procesos judiciales y administrativos en los cuales participe o esté involucrada como parte, tercero o potencial tercero interesado” esa entidad, “realizando un informe de su estado de situación y las recomendaciones a seguir”, así como también “evaluar y modificar mediante acuerdo los Convenios Colectivos de Trabajo para el Personal de la sociedad y/o negociar unos nuevos”.
En los considerandos, se explica que con el fin de “optimizar las actividades” que actualmente desarrolla la empresa estatal, “resulta imprescindible iniciar el proceso que culminará con la transformación y actualización de su objeto social”.
“La transformación, además de cumplir con el mandato legal, busca reflejar la actual estrategia empresarial, la identidad corporativa y el posicionamiento en el mercado, contribuyendo así a una mayor coherencia y reconocimiento por parte de sus clientes, de sus socios y del público en general”, agrega la normativa.
La decisión de intervenir la Casa de la Moneda fue tomada en el marco de la “profunda reorganización de las empresas públicas” que lleva a cabo la gestión de Milei ante la “emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social” establecida hasta el 31 de diciembre de 2025 a través del DNU 70/23.
La empresa estatal tiene hoy serios problemas de infraestructura en su parte de impresión, por maquinaria desactualizada, además de una deuda cercana a los 400 millones de dólares.
Su capacidad para imprimir billetes está seriamente disminuida. El lunes se había decidido que dejara de realizar esa tarea, en medio de los atrasos que venía teniendo para la provisión de billetes de $ 1.000 y $ 2.000, mientras que el Banco Central está mandando a imprimir los papeles de $ 10.000 y los que saldrán a circulación en unas semanas, de $ 20.000, en China.
Mediante un comunicado interno, la dirección del organismo informó este lunes a su personal la finalización de la producción de billetes y la decisión de que el personal que no tenga actividad para hacer se tome vacaciones.
Hace menos de un mes, el 3 de octubre, el Gobierno había anunciado la reestructuración de la Casa de Moneda, el mismo día que hizo pública la disolución de la ex Ciccone Calcográfica, que fue centro de un resonante caso de corrupción durante el kirchnerismo por el que fue condenado el ex vicepresidente Amado Boudou.
ES