Ante una fuerte presencia policial, se montó una «clase pública» callejera frente al edificio de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro, en la mañana de este miércoles 13 de noviembre. El acto público se realiza antes de que se conozca el fallo contra Cristina Kirchner en la llamada Causa Vialidad, en la que finalmente recibió una condena: seis años de prisión por «administración fraudulenta» agravada y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
En el acceso principal por la avenida Comodoro Py se colocaron filas de sillas blancas, dispuestas para la clase pública contra el “lawfare” anunciada por grupos afines a la ex vicepresidenta, en la cual participó el ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena, y el docente, militante y abogado Juan Grabois.
Detrás de las sillas, comenzó a desplegarse un operativo de las fuerzas de seguridad. Se vio efectivos de la Policía Federal equipados con casco, proyecciones y escudos.
Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Roberto García: «Si Cristina no apela en los próximos diez días después del fallo, deberá cumplir la condena» | Perfil
Ayer, en un tuit cargado de ironía, el dirigente social anticipó la actividad en sus redes sociales. “Mañana 9hs clase pública en Comodoro Pygs contra el triángulo de hierro que maneja el país al servicio del poder real: el sistema mediático, los servicios de inteligencia y los jueces corruptos”, publicó en X (ex Twitter), acompañando el texto con una imagen realizada con inteligencia artificial.
Clase de Grabois: “CFK, el poder real y la mafia judicial: un caso de estudio del lawfare”
“Es el cerdito Comodoro. Comodoro Pig”, ironizó Grabois, agitando el peluche de un chancho ante el “chiquero” del edificio judicial en Retiro. Así comenzó su intervención el dirigente social pasadas las 10 de la mañana de este miércoles 13 de noviembre. El acto se llevó a cabo antes de que se leyera el fallo contra Cristina Kirchner en la Causa Vialidad.
La clase llevó por título “CFK, el poder real y la mafia judicial: un caso de estudio del lawfare”. «Si nosotros permitimos que se naturalice la injusticia en los tribunales, la injusticia social también se va a naturalizar», aseguró Grabois mientras era aplaudido por los presentes.
«La soberanía popular es el pueblo organizado que va a echar a patadas a estos corruptos, vende patria y hambreadores, que va a defender a Cristina porque ella defendió al pueblo y a la patria. Porque no tiene un pelo de corrupta. Porque la odian por las cosas buenas que hizo por la Nación y porque la odian por haberle tocado los intereses a los más poderosos», lanzó el dirigente social.
Por otra parte, indicó que hoy, el lawfer es que “desfinancien las universidades y la justicia no haga nada”, que los jueces que fallaron a favor de las organizaciones sociales, y en contra de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello,“tampoco haga nada, cuando le roba los alimentos a la gente”. “El único destino que tiene Comodoro Py es su demolición”, resaltó.
Ante la prensa, el docente y militante popular, aseguró que a la Justicia no le importa la «corrupción». «Esto es una guerra política contra el campo popular, no les importa la corrupción», señaló Grabois entre los micrófonos de los medios de noticias. Y lanzó: «Yo sé que hubo corrupción. También sé que Cristina no era responsable«.
En ese marco, el dirigente social afirmó que «no hay una sola prueba de que haya habido corrupción» y lanzó que los tribunales de Comodoro Py «están para el que paga más».
Finalmente, la Cámara Federal de Casación Penal, desde la sala B del primer piso del edificio confirmó este miércoles 13 de noviembre la condena a seis años de prisión a la expresidenta por «administración fraudulenta» agravada y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa «Vialidad».
Estuvieron presentes los tres jueces de la sala IV de Casación, Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña. Los abogados de los 13 acusados, incluidos los de la ex presidenta, y el fiscal Mario Villar también estuvieron en la audiencia. Durante el proceso, se juzgó el desvío del 80 por ciento de la obra pública nacional en Santa Cruz a favor de empresas de Lázaro Báez entre 2003 y 2015.
RM/FM/FF