La Casa Rosada avanza con las negociaciones para el régimen que cancela deuda con las provincias y ya se adhirieron siete distritos. Hay un sector de los mandatarios que mira con desconfianza la propuesta del oficialismo y lo acusa de “querer ganar tiempo”.
El Gobierno espera que se caiga el Presupuesto 2025 y avanza con el régimen que cancela deuda con provincias. El Ejecutivo niega por el momento una reunión con los gobernadores aliados para destrabar el proyecto presupuestario, mientras busca poner en funcionamiento el Régimen de Extinción de Obligaciones, que creó a través del decreto 969/24.
Según se pudo saber, ya adhirieron siete gobernadores. Son Raúl Jalil (Catamarca), Ignacio Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta), Hugo Passalacqua (Misiones) y Gustavo Valdés (Corrientes). Las negociaciones técnicas las lleva el ministro de Economía, Luis Caputo, junto al secretario de Hacienda, Carlos Guberman.
El plazo de adhesión al régimen es de 30 días y la documentación debe ser presentada en sesenta días ante Hacienda. El decreto contempla 90 días para dirimir diferencias sobre los montos. La Casa Rosada sostiene que tiene un número de la deuda total con las provincias, pero evita oficializarlo para negociar números menores.
La mesa chica de Balcarce 50 asegura que está dispuesta a desprenderse de bienes públicos para pagar las deudas. Incluye edificios, terrenos y hasta la parte accionaria del Estado en empresas públicas. Hay un sector de los gobernadores que mira con desconfianza la propuesta del oficialismo y lo acusa de “querer ganar tiempo”.
El Gobierno busca que el resto de los mandatarios con reclamos por las cajas jubilatorias adhieran al régimen. Son Axel Kicillof (Buenos Aires), Martín Llaryora (Córdoba), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Leandro Zdero (Chaco), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Rolando Figueroa (Neuquén) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).
El Ejecutivo le asignó $254.421 millones a las transferencias a cajas previsionales provinciales de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en el Presupuesto 2025. Es un punto de tensión en negociación entre los gobernadores y el oficialismo por la sanción del proyecto.
Las provincias aliadas piden que la Casa Rosada financie el déficit de las cajas jubilatorias. Significan $322.000 millones, que el oficialismo no está dispuesto a habilitar. Los mandatarios buscan también que les envíen las compensaciones pendientes del consenso fiscal del 2017 ($1000 millones) y la coparticipación del Impuesto a los Combustibles Líquidos ($1700 millones).
Lo mismo aplica para la reducción de aportes por la disolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos ($221.000 millones) y los Aportes del Tesoro Nacional no distribuidos ($293.000 millones). La mesa técnica de Balcarce 50 cuenta que la totalidad de los pedidos llega a $3700 millones y asegura que los rechazará porque “generan déficit”.
El Gobierno envió $48.300 millones a través de ATN a diez mandatarios -nueve aliados y un opositor- en lo que va del año. Es una reducción del 73% de transferencias discrecionales en comparacióna los $179.530 millones que entregó Alberto Fernández en 2023.
También le envió a Passalacqua ($13.000 millones), Frigerio ($6800 millones), Jaldo ($6800 millones), Sáenz ($4500 millones), Torres ($4500 millones), Sadir ($4500 millones), Jalil ($3000 millones), Vidal ($3000 millones), Pullaro ($1500 millones) y Valdés ($1000 millones).
La Casa Rosada espera que no haya Presupuesto 2025 y ya planifica programas sin los techos presupuestarios que envió al Congreso. “No va a haber presupuesto y es parte de lo previsto. No nos interesa corrernos de lo que propusimos”, expresó un funcionario.
La mesa chica de Balcarce 50 busca acelerar el tratamiento de la reforma política junto con la privatización de Aerolíneas Argentinas. También analiza convocar a sesiones extraordinarias en caso de que las negociaciones con la oposición estén avanzadas.