El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Vera (Almería) ha acordado abrir juicio oral contra el teniente alcalde de Garrucha, Álvaro Ramos –expulsado de IU–, y contra el secretario municipal por un delito de revelación de secretos por funcionario público y por prevaricación administrativa tras la difusión de datos personales de los concejales del PSOE en la web del Ayuntamiento así como a través de las redes sociales.
La Fiscalía de Almería ha solicitado para ambos acusados tres años de inhabilitación para cargo y empleo público así como el pago de una multa de 18 meses a razón de 15 euros diarios, toda vez que los perjudicados, como acusación particular, han reclamado además la condena máxima que contempla el ordenamiento penal, lo que conlleva penas de hasta cuatro años de cárcel.
En su auto, consultado por Europa Press, el juez instructor da traslado a las partes, a las que además reclama que depositen 10.000 euros de fianza para hacer frente a las posibles responsabilidades civiles que se puedan derivar de una eventual sentencia condenatoria.
Cabe recordar que el juez ya exoneró al alcalde de Garrucha, Pedro Zamora (PP), al no ver su participación en los hechos ni apreciar la inexistencia de indicios suficientes que pudieran llevar a determinar que fuera él quien ordenara la publicación de los datos.
El Ministerio Público considera que el concejal habría incurrido en un delito de revelación de secretos cometido por autoridad o funcionario público por el que también acusa al entonces secretario del Ayuntamiento, quien era el encargado de la web municipal a la que se subieron los datos inicialmente.
En su escrito provisional, consultado por Europa Press, la fiscal estima que tanto el secretario municipal como el teniente alcalde colgaron y difundieron la información relativa a la declaración de bienes y derechos patrimoniales de los concejales con posterioridad al 13 de junio de 2023 –ante la conformación de la nueva corporación– «a sabiendas de que contenía datos personales» de los ediles.
En concreto, la información que quedó expuesta contenía, entre otros aspectos, localización de los inmuebles de los cinco concejales afectados, matrículas de vehículos, números íntegros de cuentas bancarias, direcciones postales, números de teléfono particulares y el algún caso, incluso, la nómina de algún edil socialista.
En este sentido, apunta que el teniente alcalde y concejal de Obras, Servicios y Personal también era el encargado de la gestión de la página de Facebook del Ayuntamiento en la que se publicó el 27 de junio de 2023 un enlace que «dirigía directamente a la mencionada documentación».
El Ministerio Público sostiene que Ramos realizó dicha publicación en la red social «a sabiendas de que contenía datos de carácter personal de los concejales sin contar ni con su consentimiento ni su conocimiento».