En medio de las versiones que indicaban que el operativo de emergencia lanzado luego del trágico accidente en el Aeródromo de San Fernando estuvo plagado de irregularidades, la Autoridad Nación de Aviación Civil (ANAC) salió al cruce.
A través de un comunicado difundido este viernes, la ANAC aseguró que tras el accidente se activó el Plan de Emergencia del Aeródromo con «capacidad y equipos adecuados».
AVION SAN FERNANDO
En ese sentido explicó que «el Servicio de Extinción de Incendios, bajo la responsabilidad de la ANAC, brinda respuesta ante emergencias dentro aeropuertos y aeródromos. Por la tipología del accidente, el avión salió fuera de los límites del aeródromo, por lo que la autoridad aeronáutica acudió inmediatamente al lugar de los hechos para prestar el servicio mencionado».
Y detalló que «la autobomba tenía el 100% de sus capacidades extintoras, incluyendo 5.400 litros de agua, 700 litros de espuma AFFF al 6%, y polvo químico seco. Además, contaba con herramientas de rescate multipropósito, sierras circulares y herramientas menores como cortacinturones y hachas de mano».
AVION SAN FERNANDO ESPUMA
«La ANAC pone a disposición de la investigación todas las pruebas necesarias para que se investigue lo sucedido», siguió y recordó que «la ANAC está intervenida debido a deficiencias históricas y políticas inadecuadas de gestiones anteriores, y como resultado de esta intervención se implementaron medidas urgentes para su reorganización integral en base a estándares y normativas internacionales».
Dudas tras el accidente
La investigación que se abrió a partir del accidente aéreo en el Aeródromo de San Fernando en el que murieron los pilotos Martín Fernández Loza (44) y Agustín Orforte (35), busca determinar cómo fue el accionar de la ANAC y si hubo irregularidades.
Si bien el caso se encuentra bajo secreto de sumario, de la investigación judicial surgieron indicios respecto a supuestas irregularidades, dudas respecto a los protocolos de bomberos y posibles incompatibilidades en la regulación del transporte aéreo.
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La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, encabeza la investigación y se lleva a cabo en paralelo con las indagaciones de la Junta de Seguridad de Transporte (JST). Este organismo tiene la tarea de determinar las causas del accidente y no de señalar culpables.
Sin embargo, surgió una controversia que podría marcar una irregularidad en el proceso: el actual titular de la Junta de Seguridad de Transporte, Federico Suleta, asumió el cargo el 11 de noviembre, pero previamente ocupó el puesto de jefe de Gabinete en la ANAC.
Esto genera dudas sobre la independencia de las investigaciones, ya que, aunque la JST es un organismo descentralizado que opera bajo la órbita de la secretaría de Transporte, la relación previa de Suleta con la ANAC pone en tela de juicio la imparcialidad de las indagaciones.
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Por otro lado, existen dudas respecto al accionar de los bomberos del aeropuerto de San Fernando, que dependen de la ANAC.
Las normas globales indican que los bomberos dedicados a accidentes aéreos deben responder a la emergencia y llegar al lugar en un máximo de tres minutos.
De las pericias preliminares surge que el equipo de bomberos tardó más tiempo en llegar al lugar del siniestro, lo que podría comprometer penalmente a la ANAC.
Además, se investiga si la espuma utilizada para sofocar el incendio cumplía con los estándares de eficacia requeridos. El agente espumógeno debe tener una proporción necesaria entre la espuma y el nivel de agua para que el producto tenga efecto en un incendio de tal magnitud.
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