Mediante un comunicado, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció que «aprobó hoy un conjunto de normativas destinadas a fomentar la competencia de monedas con el objeto de permitir que las personas y los comercios puedan utilizar la moneda que deseen en sus transacciones cotidianas.»
El anuncio implica que a partir del 28 de febrero los comercios podrán cobrar pagos en dólares mediante tarjetas de débito o con QR. Las tarjetas de crédito quedan por fuera debido a la prohibición de realizar préstamos en dólares, no obstante, se habilitaría un sistema denominado «DEBIN Programado» mediante el cual los comercios podrían cobrar en diferentes cuotas, tanto en pesos como en dólares, siempre que para eso no se necesite financiamiento bancario.
En otras palabras, para poder pagar en dólares (o el comercio cobrarlo) el cliente debe contar con dólares en la cuenta, pero también, debe tener un incentivo a desprenderse de sus dólares. Hoy por hoy, son pocas las transacciones dolarizadas, principalmente inmuebles.
«Con el propósito de que los comercios que quieran aceptar pagos en dólares con tarjetas de débito puedan hacerlo, el BCRA dispuso que los adquirentes y subadquirentes (las empresas que intermedian entre el comercio y los clientes para procesar pagos) desarrollen y pongan a disposición las herramientas necesarias para que ello ocurra antes del 28 de febrero», indicó el BCRA. En la Comunicación A8180 el organismo dispuso que el 28 de febrero próximo, «los pagos con tarjeta de débito en dólares estadounidenses deben estar disponibles para los comercios que deseen aceptar esa modalidad de pago».
En el relato oficial y la presentación mediática, el gobierno busca demostrar que va rumbo hacia su tan mentada «dolarización» de la economía, dando a entender que este paso es una muestra más de un supuesto rumbo económico positivo. El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció en redes sociales que «desde este viernes los comercios y empresas podrán publicar los precios de sus bienes y servicios en dólares además de pesos.» Aunque para eso, la Secretaría de Comercio debería modificar una resolución para permitirlo.
La medida se así presenta como el avance hacia la «competencia de monedas» y aparenta la idea de que la economía tendría bases sólidas. Pero detrás de estas medidas hay otra realidad.
Uno de los objetivos de las medidas es lograr que los dólares del blanqueo se vuelquen al consumo y queden en el circuito financiero. Precisamente, para pagar en dólares, las tarjetas de débito deberán estar vinculadas a una caja de ahorros en esa moneda. No podrán usarse para ese fin las CERA (Cuenta Especial para la Regularización de Activos), aquellas cuentas creadas para el blanqueo. Por eso, para pagar en dólares habrá que girar los fondos desde las CERA a una caja de ahorros en dólares común.
El gobierno necesita dólares para fortalecer las reservas y precisa que los dólares que entraron por el blanqueo no se retiren del sistema bancario. El BCRA tiene reservas netas negativas en más de U$S 6.500 millones y todavía debe afrontar fuertes vencimientos de deuda.
Asimismo, busca reactivar el consumo de ciertos bienes como electrodomésticos o autos, que podrían ser más atractivas para las transacciones en dólares, para repuntar la actividad económica en el año electoral.
Sin embargo, ¿Quién tiene dólares? Las familias trabajadoras difícilmente logran llegar a fin de mes y mucho más aún lograr acumular algún ahorro. Un hogar necesita unos $1.616.148 para cubrir los consumos mínimos del mes, pero a pesar de tener dos o tres trabajos, es muy difícil acumular ese monto, dado el profundo deterioro salarial y de ingresos que se arrastra desde hace años.
La «libre utilización» de monedas o libre competencia no significa verdaderamente libertad para vivir, para poder acceder a los medios de vida mínimos para la alimentación, la salud, la educación, el tiempo recreativo, el desarrollo personal. El gobierno empeoró las condiciones de vida de las mayorías en favor de los ricos y unos pocos sectores concentrados, e intenta embellecer el ajuste bajo la idea de una «libertad» a la que acceden sólo algunos privilegiados.