En el marco del debate sobre la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, pidió a la Corte Suprema que mantenga su decisión y ratifique el fallo «Levinas», que refuerza el poder de la jurisdicción que lidera Jorge Macri. “Los fallos están para cumplirse. La Corte Suprema fue clara y contundente”, afirmó Tapia.
Esta declaración se da como respuesta al pedido del procurador general, Eduardo Casal, quien solicitó este viernes al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, que suspenda la aplicación de la resolución que establece que las causas de índole nacional pueden ser revisadas por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires (TSJ). Según argumenta, la sentencia crea un escenario de incertidumbre legal y operativa para los fiscales nacionales.
Casal le pidió a la Corte que anule un fallo a favor de la Justicia porteña
Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
El fallo “Levinas” y la defensa de la “autonomía plena” de la Ciudad
Desde su llegada a la jefatura de gobierno de la Ciudad, Jorge Macri impulsó una agenda compuesta para fortalecer la autonomía de la capital del país. En este marco, el ministro de Justicia porteño se pronunció sobre la solicitud del procurador general, Eduardo Casal, a la Corte Suprema, instando al tribunal a mantener la controvertida resolución.
“Los fallos están para cumplirse. La Corte Suprema fue clara y contundente: terminemos de una vez con el “inmovilismo” y avancemos con las transferencias pendientes para concretar una autonomía plena de la Ciudad de Buenos Aires, tal como lo dispone la Constitución Nacional”, sostuvo Tapia a través de su cuenta en la red social X.
El fallo conocido como “Levinas” ratifica la posibilidad de apelar a la Corte de la Ciudad de Buenos Aires en casos de la Cámara Nacional, como los laborales, civiles o comerciales, antes que a la Corte Nacional. Emitido por mayoría, el fallo consolida el traspaso de la justicia nacional a la jurisdicción porteña, algo que generó malestar entre algunos juristas nacionales, que lo consideran inconstitucional.
Desde el Ministerio de Justicia porteño, justifican la medida señalando que la implementación del fuero local permitirá agilizar procesos como los laborales, que en la Justicia Nacional actualmente pueden durar entre cinco y ocho años. En este sentido, destacan que, mientras se avanza con el traspaso de la Justicia Nacional Ordinaria, el fuero laboral garantizará una respuesta local más ágil a los conflictos judiciales de los porteños.
Además, subrayan la necesidad de que se transfieran todos los delitos no federales cometidos en la Ciudad, así como la totalidad de la Justicia nacional penal ordinaria, de manera “progresiva y ordenada”. Según sostienen, esto permitiría mejorar la política de seguridad, aplicar la Ley de Reiterancia y contar con un Sistema de Justicia “plenamente autónomo, eficiente y moderno”, que simplifique los procesos burocráticos y facilite el acceso a la justicia para los ciudadanos.
Tras el fallo de la Corte, el Tribunal Superior porteño resolverá la quiebra de Correo Argentino, de la familia Macri
“¿Por qué insistimos tanto con que se terminen de transferir aquellas competencias que permanecen pendientes? Yo creo que son tres los puntos centrales: para cumplir con la Constitución, con la gente y con nuestros ideales”, explica el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia.
Y enfatiza: “Primero, porque lo dice la Constitución Nacional. Segundo, porque es un compromiso que le debemos a los porteños. Es hora de que contemos con el mismo status jurídico que las otras 23 provincias que conforman la República Argentina. Tercero porque, como dijo Jorge (Macri), es de nuestra incumbencia. Tenemos la voluntad de asumir cada vez más responsabilidades, porque creemos que estando cerca podemos hacer un mejor trabajo”.
Fallo «Levinas»: el pedido de suspensión del procurador general
En el marco de los cuestionamientos sobre la constitucionalidad del fallo, el procurador general de la Nación envió una nota a Rosatti en la que advirtió que la aplicación de la resolución podría impedir que el Ministerio Público Fiscal cumpla con sus funciones legales y constitucionales en los procesos que tramitan en la justicia nacional con jurisdicción en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Según explicó, esto afectaría los intereses que dicho organismo debe resguardar.
Casal argumentó que la Procuración General de la Nación solo tiene competencia para intervenir ante tribunales nacionales, pero no para presentar apelaciones ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, señaló que la Fiscalía General porteña y sus fiscales tampoco cuentan con facultades para interponer recursos ante la Justicia de la Ciudad.
“Por ello, y sin perjuicio del criterio de esta Procuración General acerca del fondo de la cuestión decidida en aquel pronunciamiento, me permito sugerir al Tribunal que, en ejercicio de sus atribuciones de superintendencia, suspenda la aplicación de lo decidido entonces hasta que se resuelva de manera normativamente adecuada la restricción que impide a este Ministerio Público Fiscal de la Nación llevar a cabo legal y eficazmente la nueva actividad procesal ante el fuero porteño que allí se demanda”, cerró el procurador en su escrito.
LT