En medio del escándalo por la memecoin $LIBRA, el oficialismo del Senado consiguió dictamen del proyecto de Ficha Limpia en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado.
Sin embargo, el debate no se trataría en el período extraordinario y quedaría para marzo, cuando se inicien las sesiones ordinarias.
Ficha Limpia: pese al dictamen, se tratará recién en marzo
Es que la polémica en torno al tuit del presidente Javier Milei, promocionando esa plataforma, amenaza con trabar este debate y la candidatura de Ariel Lijo a la Corte, al menos en el período extraordinario.
Se trata de la iniciativa que busca impedir que dirigentes condenados por corrupción en segunda instancia puedan ser candidatos en las próximas elecciones. El proyecto ya fue aprobado en la Cámara de Diputados con 144 votos a favor y 98 en contra, aún no tiene una fecha definida para su tratamiento en el recinto, a pesar de los esfuerzos del oficialismo de debatirlo.
El debate estuvo centrado en los cruces entre el oficialismo y la oposición de Unión por la Patria, que le achacaba a los libertarios la intención de proscribir a Cristina Fernández de Kirchner, tal como lo hizo en Diputados.
De todos modos, la iniciativa es cuestionada también por algunos sostienen que la definición de «segunda instancia» podría prestarse a interpretaciones que generen conflictos judiciales. Otros sostienen que el proyecto debería contemplar mecanismos adicionales para evitar que una condena injusta deje fuera de competencia a un candidato legítimo.
Debate en el Senado: el kirchnerismo, dividido
En el kirchnerismo, exhibieron diferentes posturas. Mientras unos pedían incorporar más delitos, otros rechazaron de plano la iniciativa y denunciaron la eventual proscripción de la expresidenta.
En medio del debate, la exposición del senador porteño Mariano Recalde, sorprendió a propios y ajenos. Es que el porteño planteó su rechazo total a la iniciativa, a diferencia de su compañera de bloque, la mendocina, Anabel Fernández Sagasti, que habló sobre la necesidad de que se modifique el proyecto y se incorporen otros delitos. Por eso, el bloque opositor quedó dividido entre estas dos posiciones.
Pero el desconcierto fue total cuando el peronista disidente Juan Carlos Romero, recordó que fue el propio kirchnerismo junto con otras bancadas el que había presentado en 2017 un proyecto similar y que llevaba las firmas de Nilda Garré, Andrés Larroque y otros ex legisladores.
Desde LLA, negaron que se trate de un proyecto contra Cristina y fundamentaron que se trata de evitar la llegada de «corruptos» a la función pública.
Para acortar el debate, la radical Carolina Losada (Santa Fe) sintetizó: «Votemos esto y después agregamos el resto, ya que vamos a estar de acuerdo en que ningún pedófilo se siente al lado nuestro. Por lo menos, ya tenemos la mitad del camino ahora, con los corruptos».
Finalmente, el despacho de mayoría obtuvo las firmas de legisladores de LLA, del PRO y del radicalismo, además de la propia Alejandra Vigo, presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, integrante del bloque Unidad Federal.
¿Qué es Ficha Limpia y qué dice el proyecto de ley presentado por el Gobierno?
El proyecto propone una incorporación de un inciso en un artículo de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos.
En la versión actual, ese artículo enumera una serie de características que impiden ser candidato en elecciones primarias o generales y ejercer cargos partidarios: los excluidos del padrón, el personal superior y subalterno de las fuerzas armadas y de seguridad, los magistrados, los directivos de compañías concesionarias de servicios públicos y las personas con procesamiento o condena por crímenes de lesa humanidad.
La iniciativa impulsada por el Gobierno agrega que tampoco podrán ser candidatos los condenados por delitos contra la administración pública, y para esto no es necesaria una condena firme, sino que alcanza con una condena confirmada en segunda instancia, que en el caso de la Justicia federal, es la Cámara Federal de Casación Penal.
La propuesta original del Ejecutivo aportaba una novedad respecto a los anteriores proyectos: establecía que para que fuera aplicable, la condena debía ser confirmada antes del 31 de diciembre del año anterior a las elecciones. Sin embargo, diputados dialoguistas rechazaron de plano ese aspecto.
A partir de un acuerdo, se modificó el dictamen en Diputados y se estableció que la prohibición se aplica «siempre y cuando la confirmación de la condena se produzca con anterioridad al comienzo del plazo establecido en el artículo 25 del Código Electoral Nacional», que se refiere a la fecha del cierre de los padrones electorales, 6 meses antes de los comicios generales.
Además, agrega que «si la confirmación de la condena en la instancia superior se produjera con posterioridad a dicho plazo, la prohibición tendrá efecto a partir de la finalización del proceso electoral».
Establece además que la Cámara Nacional Electoral llevará un Registro Público de Ficha Limpia en donde constarán las sentencias que sean confirmatorias de condenas por los tipos de delitos contemplados en esta norma.
El proyecto contempla esta misma prohibición para el nombramiento del jefe de Gabinete, de ministros, secretarios, subsecretarios, autoridades de entes y organismos descentralizados, integrantes de cuerpos colegiados, personal diplomático y directores de empresas o entes con participación estatal, entre otros.
¿Por qué Cristina Kirchner no podría ser candidata si se aprueba la ley?
En noviembre pasado, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena a 6 años de prisión contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (Frente para la Victoria) en la causa «Vialidad». Los jueces ratificaron la sentencia dictada en diciembre de 2022 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 2.
De acuerdo a la legislación actual, no se le puede impedir a Fernández de Kirchner la postulación a un cargo electivo, ya que el fallo no está firme porque no pasó por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Pero con la modificación propuesta por el Poder Ejecutivo, en el caso de que sea aprobada por el Senado, la expresidenta y Vicepresidenta de la Nación no podría postularse como candidata en las elecciones legislativas de 2025, ya que su condena fue confirmada y la confirmación se produjo antes del plazo establecido en el artículo 25 del Código Electoral Nacional, que se refiere a la fecha del cierre de los padrones electorales.