El fiscal Eduardo Taiano ordenó relevar registros oficiales y la titularidad del sitio web del proyecto “Viva la Libertad” para determinar el grado de participación del Presidente y otros funcionarios en el lanzamiento del token.
La Justicia avanza en la investigación del caso de la criptomoneda Libra, con el foco en las reuniones que el presidente Javier Milei y otros funcionarios del gobierno nacional mantuvieron con empresarios vinculados al desarrollo del token Libra.
En este contexto, el fiscal Eduardo Taiano -a cargo de la instrucción del caso- solicitó medidas para esclarecer el grado de participación de diversos actores en los hechos investigados.
Según pudo saber de fuentes judiciales, entre las acciones requeridas, se pidió cotejar la página web del Registro Único de Audiencias de Gestión de Intereses del Ministerio del Interior, el sitio en el que se deben registrar los encuentros oficiales de todos los funcionarios del gabinete.
El objetivo es analizar toda la información sobre encuentros oficiales que hayan tenido Milei o cualquier funcionario del actual gobierno con Mauricio Gaspar Novelli (trader financiero), Manuel Terrones Godoy (empresario), Sergio Daniel Morales (asesor de la Comisión Nacional de Valores), Julian Peh (CEO de KIP Protocol) y Hayden Mark Davis (CEO de Kalsier Ventures).
Novelli está en la mira por el Tech Foro que organizó en octubre pasado y en el que Milei se reunió con varios de los involucrados en el caso Libra. Godoy es socio de Novelli en este emprendimiento. Por su parte, Peh, que también se encontró con el Presidente, aportó la estructura para el lanzamiento de Libra, cuyo dueño es Hayden Mark Davis.
La medida busca obtener información que ayude a determinar por qué el Presidente recibió o tuvo contactos con estos empresarios, qué se conversó en esas reuniones y si llegaron a acuerdos concretos.
En el requerimiento del fiscal Taiano, se aclara que se debe dejar “debida constancia de los resultados obtenidos de esas búsquedas” para determinar el motivo de dichas reuniones.
La instrucción se inició con la premisa de establecer las “circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon a la creación y lanzamiento de $LIBRA”, así como determinar la fecha de registro, la dirección IP de creación y la titularidad del dominio web https://www.vivalalibertadproject.com/.
La investigación apunta a esclarecer qué grado de participación tuvieron Milei y los empresarios mencionados en la presunta comisión de delitos. De acuerdo con el dictamen del fiscal Taiano, los hechos podrían encuadrar en las figuras delictivas de abuso de autoridad, estafa, tráfico de influencias y cohecho.
En paralelo a la investigación que se lleva adelante en Comodoro Py, la Oficina Anticorrupción (OA) ya inició su propia pesquisa para determinar si el Presidente incumplió con la ley de Ética Pública. Allí también se pondrá el foco en los encuentros que mantuvo el mandatario.
La semana pasada, Taiano, a quien la jueza María Servini delegó la investigación por el escándalo cripto, ya había pedido las primeras medidas de prueba y, en esa dirección, convocó a un equipo especializado en ciberdelincuencia.
“Entre otras medidas, se solicitaron diversos informes a organismos públicos y privados vinculados con la temática, a la vez que se evalúan nuevas diligencias que se adoptarán en los próximos días, con el objeto de dilucidar los sucesos denunciados”, dice el escrito de cuatro páginas firmado por Taiano.
Y profundiza: “Entre otras medidas, se solicitaron diversos informes a organismos públicos y privados vinculados con la temática, a la vez que se evalúan nuevas diligencias que se adoptarán en los próximos días, con el objeto de dilucidar los sucesos denunciados”.
Se espera, en ese sentido, la participación del Banco Central y la Comisión Nacional de Valores (CNV),la Inspección General de Justicia (IGJ) y la compañía Google. A ellos les pidió información Taiano.
Hasta ahora, hay 112 denuncias contra Javier Milei y todas recayeron en el juzgado que lidera Servini, excepto una que está en el juzgado de Arroyo Salgado. Las primeras acusaciones fueron por parte del diputado nacional Claudio Lozano -al que Taiano tomó como punto de partida para elaborar la requisitoria-y el Observatorio del Derecho de la Ciudad.