El Gobierno de Javier Milei evalúa la posibilidad de sacar un decreto para fusionar Vialidad Nacional, ícono de la corrupción kirchnerista, con otros dos organismos clave vinculados a la obra pública.
La propuesta contempla la integración de Vialidad Nacional con Corredores Viales y la Agencia de Seguridad Vial, lo que resultaría en la desaparición del organismo principal, que ya fue paralizado, y su transformación en una estructura más reducida.
Al igual que en otros sectores del Estado, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, está enfocado en desarticular áreas encargadas de la obra pública a nivel nacional y estaría trabajando en la redacción de dicho decreto.
La semana pasada, el Gobierno de Milei anunció la paralización de la mayoría de las obras viales bajo la responsabilidad de Vialidad Nacional, de las cuales solo continuarán las que se desarrollan en cuatro provincias.
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Aunque aún no se ha tomado una decisión definitiva, se dice que el tema está siendo debatido por le Gobierno y podría estar relacionado con otro anuncio previo: el cierre de diversas sedes de Vialidad Nacional y el despido del 50% de su plantilla.
El ajuste incluiría una primera etapa en la que se reduciría el personal de 5.400 a unos 3.800 trabajadores y técnicos, tanto en las delegaciones provinciales como en la sede central de la Ciudad de Buenos Aires.
Sobre el proceso de privatización de Corredores Viales, desde el Gobierno nacional señalaron que se está avanzando en la «licitación de la operación y el mantenimiento» de las rutas actualmente bajo su gestión.
El proyecto contempla un nuevo esquema de concesión para la operación y el mantenimiento de tramos de la Red Vial Nacional, con la intención de que el sector privado asuma la gestión, lo que permitirá reducir el déficit, transparentar los gastos y equilibrar las cuentas públicas.
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Este sería el plan para integrar las tres áreas en una sola estructura, que se encargaría de gestionar toda la obra pública nacional. En una primera fase, se licitarán dos tramos del Corredor 18, cuya concesión expira el 9 de abril de 2025.
Este corredor abarca principalmente las rutas nacionales 12 y 14, el Puente Rosario-Victoria, y atraviesa las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes. Actualmente, las convocatorias para las Audiencias Públicas están abiertas.
En una segunda fase, se concesionarán más de 8.500 kilómetros de rutas hoy gestionadas por Corredores Viales S.A., incluyendo otras vías que hasta ahora no estaban concesionadas, como la RN 33 en Santa Fe, la RN 18 en Entre Ríos y la variante de la RN 19 en Córdoba. Esta etapa estará dividida en once tramos.
En total, se licitarán 9.342 kilómetros distribuidos en trece tramos, lo que representa el 20% de la red vial nacional, pero concentra el 80% del tránsito. La convocatoria para esta segunda fase se realizará a lo largo del 2025.