Cada año miles de inmigrantes en Carolina del Norte intentan regularizar su situación migratoria. No obstante, muchos desconocen que pueden acceder a asistencia legal confiable por precios accesibles. Existen entidades oficiales que ofrecen sus servicios a las comunidades latinas. La clave está en saber dónde buscar y cómo verificar que el proveedor cuenta con autorización del gobierno federal.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) promueve un programa que facilita el acceso a orientación migratoria a bajo costo o sin cargo. Este plan avala a organizaciones sin fines de lucro y personas capacitadas con autorización para prestar servicios legales en esta materia. La iniciativa busca resguardar a la población migrante ante estafas y prácticas abusivas.
En Carolina del Norte, varias entidades comunitarias figuran en esta lista oficial. Ofrecen asesoramiento en trámites como renovaciones de DACA, solicitudes de asilo, ajustes de estatus, entre otros. De acuerdo con el DOJ, los proveedores autorizados deben cumplir con criterios rigurosos que garantizan la calidad de sus servicios.
Uno de los requisitos indispensables consiste en figurar en el registro del DOJ. La Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración (EOIR) actualiza de forma periódica esta base de datos pública, que puede consultarse en línea sin costo.
Para confirmar que una persona u organización esté habilitada para brindar asistencia legal migratoria, resulta fundamental consultar el sitio oficial del DOJ. Allí se encuentra el listado completo de entidades reconocidas, con detalles como nombres, direcciones y estados donde operan. Esta verificación debe realizarse antes de pagar cualquier tipo de servicio.
Los proveedores incluidos en el listado ofrecen ayuda con formularios, preparación para entrevistas y representación ante cortes migratorias. Algunos disponen de abogados especializados; otros, de representantes acreditados que también pueden actuar legalmente en ciertos casos. Todos trabajan bajo supervisión y respetan normas específicas.
Muchos de estos servicios tienen costos reducidos o resultan gratuitos, especialmente si provienen de organizaciones comunitarias. Además, estos proveedores explican cada etapa del proceso con claridad y entregan recibos y documentación oficial, una práctica que no siempre se cumple fuera de estos circuitos formales, según lo informa Latino NC.
Recurrir a individuos no autorizados implica un riesgo elevado. Una mala orientación puede provocar la pérdida de una oportunidad migratoria o incluso derivar en una orden de deportación. En numerosos casos, quienes se presentan como especialistas en migración carecen de formación legal y solo buscan aprovecharse de personas en situación vulnerable.
El DOJ advierte que algunos estafadores exigen sumas elevadas por trámites que nunca realizan; otros entregan formularios incompletos que perjudican a los solicitantes. También hay quienes proporcionan información falsa y ponen en peligro la situación legal del inmigrante.
Estos servicios fraudulentos suelen causar demoras en procesos ya complejos. Por ello, conviene desconfiar de soluciones rápidas o de garantías absolutas de éxito. Las autoridades reiteran que solo los abogados y representantes acreditados pueden ofrecer asesoramiento legal seguro en asuntos migratorios.
Desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, las medidas migratorias se endurecieron. Redadas y deportaciones ponen en alerta a los latinos que no cuentan con un estatus legal en el país. Es por ello que es importante conocer qué documentos pueden ayudar a evitar problemas con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés).
Es importante siempre llevar documentación como el pasaporte vigente y la matrícula consular, como una prueba confiable de identidad ante las autoridades correspondientes. La licencia de conducir emitida por el estado e identificaciones locales también pueden ser de gran ayuda para evitar detenciones o sanciones.