POLÍTICA
La medida fue aprobada por la Asamblea y se someterá a referendo nacional.
La Asamblea Nacional aprobó una reforma parcial al artículo 5 de la Constitución que elimina la prohibición expresa de bases militares extranjeras. El presidente Daniel Noboa presentó esta propuesta como parte de su política de seguridad nacional.
La reforma plantea sustituir el artículo por una redacción más abierta: «Ecuador es un territorio de paz», lo que habilitaría la posibilidad de firmar acuerdos bilaterales de defensa. La iniciativa fortalece el enfoque estratégico del Gobierno frente a la crisis de violencia.
El correísmo y sectores indígenas rechazaron el cambio con el argumento de que vulnera la soberanía, pese a que no existe una oferta formal de ningún país para establecer bases. La Canciller Gabriela Sommerfeld tiene el mandato de explorar opciones.
Históricamente, esta herramienta ha sido utilizada como termómetro político. Siete presidentes la usaron antes de Noboa. Solo tres fracasaron. El Ejecutivo busca ahora repetir su victoria en seguridad del referendo anterior.
| La Derecha Diario
La campaña tendrá lugar una vez que la Corte Constitucional apruebe el texto para papeletas. El Consejo Nacional Electoral deberá organizar el referendo en un plazo máximo de 45 días desde esa validación.
El entorno político presenta condiciones favorables al oficialismo. La ciudadanía, cansada de la inseguridad, podría respaldar una estrategia más contundente. El respaldo parlamentario a esta reforma también evidenció la consolidación del bloque oficialista. La reforma no implica una autorización inmediata, sino una habilitación legal para futuros convenios. Esto le permite al Gobierno actuar con mayor flexibilidad frente a las amenazas transnacionales.
En contraste con los reveses económicos sufridos en abril, esta jugada coloca nuevamente al presidente en una posición de iniciativa política. El uso del referendo como herramienta directa refuerza su imagen como líder decisivo.
La reforma propuesta por Noboa abre una nueva etapa en la política de defensa nacional. Si logra el respaldo en las urnas, el Gobierno consolidará un nuevo marco jurídico alineado con las realidades de seguridad del país.
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