Alguna vez fue un enclave de tecnología. Incluso, los especialistas en la industria aerocomercial cuentan que en ese predio los brasileños aprendieron a hacer aviones. Hoy, el vecino país tiene Embraer, una de las fabricantes de aviones más importantes del mundo, con una valuación estimada en US$9300 millones; mientras, en la Argentina, el gobierno nacional se apresta a entregar prácticamente por nada la fábrica de aviones Fadea a la provincia de Córdoba.
Así terminará la historia de una compañía que supo poner aviones en el aire, y que aún lo hace con el avión Pampa -el fabricante ya no produce más motores y hay que cambiar la motorización-, se convirtió en una enorme estructura que no pudo encontrar el camino de la sustentabilidad económica.
El gobierno nacional y el de la provincia mediterránea negocian por estos días el futuro de la compañía. Ninguno de los dos la quiere, pero, en ese tira y afloje, Córdoba ha decidido quedársela bajo ciertas condiciones.
Como se dijo, no hay un interés comercial por la empresa tal cual está, pero si el gobierno nacional tiene en sus planes la posibilidad de venderla o cerrarla, pues la administración del gobernador Martín Llaryora ha decidido mantenerla dentro de la jurisdicción provincial.
La negociación por el futuro de Fadea empezó hace más de un año. De hecho, según pudo saber LA NACION, el gobierno de Córdoba citó a la empresa extranjera Abu Dhabi Aviation para una reunión el próximo 3 de julio con la idea de integrarla al futuro de la fábrica de aviones de la Argentina.
Así como está, la compañía no es de interés de Córdoba. Sin embargo, varios grupos empresarios, uno de ellos comandado por el socio de Santiago Caputo en la consultora, Rodrigo Lugones, empezaron a mover sus influencias en torno a la empresa, a sus naves industriales, al conocimiento de alguno de sus técnicos, a sus contratos y a su predio. Llaryora y los suyos, que negocian a través de un abogado, pretenden que ese lugar se convierta en un centro de reparación de aviones, ya no solo militares sino también comerciales.
En principio, hay tres partes que intervienen, opinan, y hacen correr sus intereses respecto del futuro de la fábrica. Por un lado, obviamente la provincia de Córdoba. Pero en la contraparte hay un par de actores más. Allí están la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, que maneja Diego Chaher, y el Ministerio de Defensa, que maneja el mendocino Luis Petri. Detrás del ministro, además, está voz de la Fuerza Aérea que no se quiere quedar sin la empresa.
En principio, Córdoba ya dijo que no podían tomar una empresa que no tenga ni la documentación al día, ni tampoco un estado de balances consolidado y limpio.
Si se trata de decodificar este pedido, no es ni más ni menos que pedirle al gobierno nacional, actual dueño de la compañía, que la entregue sin la deuda y que eso quede en manos de la Nación. “Nosotros tomamos la compañía, pero no nos podemos hacer cargo de todo lo que viene atrás, de errores de administraciones que durante años se sucedieron”, dicen, palabras más palabras menos, los negociadores de Córdoba.
Diego Chaher tomó nota del asunto y negocia en el Ministerio de Economía que efectivamente quede una suerte de liquidación de la empresa con los pasivos hasta el día de hoy. Esa solución fue una de las condiciones con la que la presidencia de Carlos Menem entregó las empresas públicas en los noventa. De hecho, durante años, existieron entes residuales de aquellas viejas organizaciones estatales que liquidaron los pasivos, los juicios y las deudas que entonces acarreaban.
Esa condición, que se podría resumir en entregas limpias de polvo y paja, no está del todo decidida por el gobierno nacional y es una de las cuestiones que se deben definir a la hora de las privatizaciones que vengan. Tampoco es un tema exclusivo de Fadea y de Córdoba, sino que es un requisito que exigen gran parte de los eventuales interesados en quedarse con esos activos.
Así las cosas, empezó una negociación entre Córdoba y el gobierno nacional para canjear deuda por activos, un esquema que está vigente desde noviembre del año pasado, y que se implementó con un decreto mediante el cual las provincias tenían que adherirse al régimen para luego hacer las cuentas de a creencias mutuas. Entonces, empezaron a ver qué tipo de activos podían entrar en la compensación.
Como se dijo Córdoba, que tiene una enorme a creencia con la Nación a partir de los aportes de la seguridad social para la caja provincial, no mostraba especial interés en Fadea. Pero, la posibilidad del cierre activó la necesidad de buscar un plan alternativo.
Varios emisarios empezaron a hablar con grandes compañías para ofrecer un lugar donde instalar una estructura de mantenimiento de aviones. “Las condiciones [que exigió Córdoba] tienen que ver con la lógica propia de la empresa. Hoy Fadea está fundida y con problemas de funcionamiento. Entonces, para que la provincia asuma la gestión y administración, tiene que tener sustentabilidad, económica y seguridad jurídica (contratos, balances, y algunas otras cuestiones que están en el aire). La Nación debe responder sobre estas condiciones que la provincia le puso”, dijo una fuente del gobierno cordobés al ser consultada.
Aparecieron en escena los Emiratos Árabes Unidos. Una delegación de la embajada en Buenos Aires organizó la visita de funcionarios de Global Aerospace Logistics (GAL), compañía emiratí referente en servicios aeronáuticos y logísticos a nivel global de propiedad de los Emiratos y basada en Abu Dhabi y forma parte del grupo de la aerolínea comercial Emirates.
Algunos emisarios de la compañía viajaron a Argentina para enterarse de qué ofrecía el gobierno de Córdoba a la hora de encontrarle un nuevo destino a Fadea. Desde ya, todo estaba anclado en una decisión de los Emiratos Árabes de invertir en la Argentina. Sin embargo, no hubo una recepción prolija, además de un doble comando que había entre provincia y la Nación. No hubo ningún avance con los inversores árabes.
Una fuente que participó reveló a LA NACION que hubo exigencias varias y que algunas de ellas salieron de una oficina de Puerto Madero donde atiende uno de los alfiles del gobierno nacional. Los árabes regresaron con la sensación de que poco es lo que se podía hacer en la Argentina, al menos con estos interlocutores.
Esta secuencia se produjo en los últimos tres meses. Unos exigiendo condiciones, algunas de ellas por fuera de lo comercial; otros, volando de regreso, sin intenciones de invertir en estos términos.
Así las cosas, la situación se enfrió hasta que en los últimos días el gobierno nacional volvió a decirle a Córdoba que si no se hacía cargo, pues la empresa se cerraba. Después de ese ultimátum, los negociadores provinciales volvieron a golpear aquella puerta en el medio oriente.
Desde allá, llegó una respuesta. Los árabes hicieron saber que ya habían venido y que regresaron después de encontrarse con una propuesta que no podían cumplir. No regresarían si no había una invitación formal para una reunión.
Fue entonces cuando el ministro de Economía y Gestión Pública provincial, Guillermo Acosta, se sentó frente a la computadora y redactó una carta de invitación con membrete y firma oficial para que los árabes regresen a la Argentina. Como se dijo, la cita será el 3 de julio.
Paralelamente, Córdoba empezó a exigir otras cosas para dar por saldado, aunque sea un porcentaje, de aquella deuda. Se empezaron a inventariar otros bienes y aparecieron dos que son de interés del gobierno de Llaryora.
Surgió un viejo anhelo cordobés. Se trata de la estrategia centrar nuclear Embalse. Los funcionarios la quieren provincializar y ser ellos quienes la manejen, la operen y, posteriormente, vendan la energía. Altas fuentes del gobierno provincial confirmaron a LA NACION que está sobre la mesa el traspaso de Embalse, más allá de una enorme complejidad regulatoria a la hora de hacer el paso. “Eso corre por cuerda separada de Fadea”, se apuraron en aclarar.
En el gobierno nacional no ven con malos ojos esa posibilidad, aunque claro está, debe pasar aún el filtro de “lo posible”. Es decir, si regulatoriamente una central de este tipo puede pasar a manos de una provincia.
“Si puede pasar a manos privadas, puede pasar a manos de una provincia”, dicen en el gobierno provincial. Sin embargo, los que miran más allá de la operación, temen que una vez que se autorice el paso de Embalse aparezca el gobierno de Axel Kicillof a reclamar por Atucha I y Atucha II, ubicadas ambas en Lima, provincia de Buenos Aires. Esa sola posibilidad espanta gran parte de las posibilidades cordobesa.
Hay otro bien apetecible para el gobierno provincial. Se trata de unas tierras propiedad del Ejército, que están ubicadas en una ruta con muchas posibilidades de desarrollo inmobiliario. Claro que los montos de este tipo de inmuebles son muy inferiores a la deuda que la Nación tiene con la provincia.
De ahí que también entró en la negociación la posibilidad de que el gobierno nacional, mediante un crédito, le entregue a Córdoba una suma de alrededor de 500 millones de dólares.
Así está hoy la negociación entre la Nación y la provincia de Córdoba. En medio, una fábrica de aviones que nadie quiere y que fue el lugar donde hicieron sus trabajos prácticos los brasileños que hoy le venden aviones a la Argentina.