Tras el procesamiento dictado por el juez federal Sebastián Casanello por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública en el marco de la causa de los Seguros, Alberto Fernández busca dar vuelta las acusaciones por corrupción ante la Cámara Federal porteña. Por eso presentó un escrito de 48 páginas ante el magistrado apelando el fallo y solicitando la nulidad de todo lo actuado.
Casanello procesó al ex presidente por hechos de corrupción en la contratación de seguros por parte de decenas de organismos públicos, pagando comisiones millonarias a intermediarios privados. Y le trabó un embargo de 14.634.220.283,68 pesos. También fueron procesados en la misma causa el broker amigo de Fernández, Héctor Martínez Sosa y su esposa y ex secretaria María Cantero.
Luego de la decisión del juez, la abogada de Fernández, Mariana Barbitta, presentó la apelación al procesamiento requiriendo la nulidad de lo actuado, por tratarse la resolución judicial que, según su posición, constituye «una decisión absolutamente arbitraria que vulnera derechos y garantías reconocidos constitucionalmente”, sostiene el escrito al que accedió Clarín.
Por lo que, continuó manifestando la abogada defensora, “tanto el interés directo de la parte como el agravio irreparable (requisitos para la procedencia del recurso) se encuentran sobradamente acreditados”.
En los fundamentos del recurso interpuesto, Barbitta dijo: “el ex Presidente de la Nación Sr. Alberto Fernández ha sido – arbitrariamente- procesado en base a una plataforma fáctica y jurídica por la cual no fue indagado, por la que no brindó explicaciones ni ha podido ofrecer prueba”.
Para la defensa la resolución firmada por Casanello no tenía sustento probatorio. “Se debe dictar una resolución de mérito sobre los mismos hechos que fueron imputados en la indagatoria. Si esta conexión entre los hechos de la indagatoria y el procesamiento se rompe, no solo estaremos entonces ante una causal evidente de nulidad, sino también ante una afectación directa a una regla de raigambre constitucional, como lo es el principio de congruencia, tal como sucede en este caso”.
Bajo ese mismo lineamiento, añadió un concepto ya reiterado: “Fernández es el principal interesado y perjudicado por la resolución cuya nulidad se pretende, ya que jamás ha podido defenderse materialmente de la acusación que ahora -arbitraria y sorpresivamente- se le atribuye”.
Por ese motivo sostuvo la petición de que se dicte la nulidad de la resolución de mérito “a fines de que el actual Juez de Instrucción (Dr. Casanello) vuelva a convocar al Sr. Fernández a que preste declaración indagatoria, brinde explicaciones y ofrezca prueba, pero respecto a los hechos que AHORA se le pretenden imputar, los cuales no coinciden con lo redactado por el anterior magistrado (Dr. Julián Ercolini) en el llamado a indagatoria”.
Al dictar el procesamiento de Fernández en una resolución de 400 páginas, Casanello le atribuyó al ex presidente los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público, con el mismo monto de embargo.
La denominada causa de los Seguros se inició en la justicia federal penal a raíz de la revelación de Clarín con un caso testigo: el pago de millonarias comisiones en los contratos de seguros de la Anses.
Cuando se lo citó a indagatoria al ex mandatario, se habló de una “maniobra criminal” que involucró 45 contratos de diversos organismos del Estado (un total de 25) que se firmaron con Nación Seguros SA.
La instancia habilitó la intervención de los brokers de Seguros. El monto de las comisiones pagadas por el gobierno de Alberto Fernández a los intermediarios fue de $ 3.364.522.944 pesos. El 68% de esos fondos terminaron en manos del grupo empresarial de Martínez Sosa, el amigo del entonces Presidente.
Un total de 40 personas fueron indagadas en el marco de esta causa, tras haber sido imputados por “haber intervenido mancomunadamente en forma coordinada y funcional, aproximadamente entre el mes de diciembre de 2019 y el mes de diciembre de 2023, en un esquema de recaudación y distribución de fondos públicos por medio del irregular direccionamiento en la contratación e intermediación en seguros tomados por distintas reparticiones públicas en Nación Seguros”.
Los brokers, sostiene la causa, “con la connivencia de Alberto Fernández, habrían operado en la contratación de seguros de diversos entes estatales, y en especial a través de la intermediación de particulares y empresas entre dichos entes y la aseguradora Nación Seguros; como así también en la inclusión de empresas coaseguradoras por parte de ésta”.
En consecuencia, después de una ampliación de su declaración indagatoria -en esta oportunidad ante el juez Casanello ya que su par Julián Ercolini instruyó el caso hasta comienzos de este año-, Fernández no pudo revertir lo que la justicia dio por corroborado: que cometió hechos de corrupción.