La investigación penal contra 25 policías bonaerenses sospechados de organizar un “complot” contra las autoridades y de realizar actividades de “militancia” para la La Libertad Avanza (LLA) quedó planchada en el fuero penal. Poco más de un mes después de la denuncia que hizo el gobierno de Axel Kicillof luego del desplazamiento de toda la cúpula de una división de la Policía Provincial, el expediente registra mínimos movimientos y no habrá novedades hasta después de las elecciones legislativas del 7 de septiembre en la provincia.
La próxima pericia pedida por la fiscalía se concretará el 20 de octubre. Para entonces, el comisario retirado Maximiliano Bondarenko, quien encabeza la lista de diputados provinciales por la Tercera Sección (sur y oeste del Conurbano) y sería el beneficiario de ese apoyo policial ya habrá resultado electo. Todas las previsiones de las consultoras confirman que la lista alcanzará porcentajes que permitirán incluir entre 6 y 8 legisladores.
El criterio que prevalece en el fuero penal de La Plata, donde se instruye el proceso, es que se trató de “pirotecnia electoral” y que será difícil establecer responsabilidades penales serias para los agentes de la fuerza de seguridad desplazados de la Dirección de Policía Ambiental. El jefe de la repartición, los colaboradores directos y la mayor parte de los agentes de esa área fueron acusados como partícipes de una “conspiración” que buscaba -según admitió el propio ministro Javier Alonso- concretar un “golpe comando institucional”.
Tampoco habría indicios para avanzar en el supuesto “espionaje” que denunció la ministra Patricia Bullrich, luego de que se conocieron los detalles de la acusación del gobierno provincial.
El caso estalló el 23 de julio, cuando Clarín reveló que 24 policías de la división Ambiental habían sido desplazados por decisión de Asuntos Internos. Fue porque ese organismo de control constató la veracidad de una denuncia anónima que planteaba que la conducción del área integraba un grupo operaba a favor de Bondarenko desde las oficinas públicas y diseñaba una “acción conspirativa” contra las autoridades de la fuerza.
Entre los desplazados figuraban el comisario mayor Manuel Ortiz Valenzuela (amigo, vecino y compadre de Bondarenko), su segundo, el comisario inspector Gustavo Herrera, otros tres comisarios inspectores a cargo de direcciones de línea y tres comisarios con función jerárquica. El listado de personal relevado de sus funciones se completaba con 16 agentes que integraban la dirección de Prevención Riesgos Ecológicos y Sustancias Peligrosas, conocida como Policía Ambiental.
Todos están sancionados, sin destino, sin uniforme o arma reglamentaria y cobran el 50% de sus haberes regulares. “Acá el problema son los más jóvenes. Ellos ganaban $ 1,2 millones de sueldo, más $ 800.000 por “plus por riesgo” y otros $ 300.000 por “asignación de cargo”. Ahora tienen que sobrevivir con $ 600.000 pesos. Los obligan a sobrevivir como indigentes”, confió a Clarín uno de los comisarios desplazados.
El gobernador Kicillof y su ministro Alonso denunciaron un “complot”, una “conspiración” y hasta un intento de desestabilizar la conducción de la fuerza de seguridad que tiene más de 105 mil hombres y mujeres uniformados. Hablaron de reuniones sociales en las que participaron dirigentes libertarios y en las que se definían estrategias políticas.
Aseguraron que en los procedimientos que hizo Asuntos Internos se secuestraron computadoras donde se elaboraban proyectos de ley para presentar el la Legislatura sobre temas vinculados con seguridad, niñez y justicia.
La polémica entró de lleno en el inicio de la campaña electoral. Es que Bondarenko fue designado primer candidato para la estratégica Tercera Sección. Es la que había elegido Cristina Kirchner para competir en los comicios de medio término, hasta que se confirmó su condena por corrupción en la obra pública.
Y todo transcurre sobre el escenario de una región del Gran Buenos Aires donde los temas de inseguridad replican a diario en los noticieros. No obstante, la sección resulta un cuartel casi imbatible del peronismo, que ganó casi todos los comicios allí. Votan casi 5 millones de bonaerenses.
Se exhibieron capturas de pantallas de un grupo de Whatsapp conformado por estos policías, donde se organizaban para enviar iniciativas a Bondarenko, cuando se reunía en Casa Rosada. Todo ese material estaba en el anónimo que recibió AI y que luego se habría corroborado.
Después del desplazamiento de sus funciones, a través de una medida administrativa, el ministro Alonso presentó la denuncia penal. En plena feria recibió el escrito el fiscal Alvaro Garganta. Subrogaba a Juan Cruz Condomí Alcorta, quien retomó sus funciones y revisó la causa.
Este fiscal ahora pidió una pericia sobre 7 computadoras secuestradas en las oficinas de la Policía Ambiental, en la calle 20 entre 38 y 39 de La Plata. Allí, supuestamente, se encontrarían indicios o pruebas de los actos conspirativos. O al menos de otra de las posibles imputaciones: malversación de bienes del Estado. Sería, si se confirma y se convalida con constancias judiciales, una imputación menor para los involucrados.
La asesoría pericial de la Suprema Corte concedió turno para el 20 de octubre. Será una semana antes de las elecciones generales. Pero habrán pasado casi 40 días de los comicios legislativos previstos para el 7 de septiembre.
El trámite administrativo
En el ámbito interno de la Policía, el trámite contra los policías cesanteados avanzó algo más. Desde el 4 de agosto, los auditores responsables del expediente tomaron declaración a los sumariados. Todos dieron su testimonio. El comisario Ortiz, reconoció su vínculo con Bondarenko. Admitió que compartieron decenas de comidas en un quincho que tiene cerca de su domicilio.
Terminado este trámite, la auditoría general debe resolver si levanta la medida cautelar dispuesta hace más de un mes. O sea, si permite que los oficiales vuelvan a sus cargos. Esto se puede hacer aún cuando el proceso por las irregularidades que les imputan siga su curso.
Además, según explicaron fuentes oficiales, la auditora Rosario Barberis (quien está a cargo de la Auditoría 5 que interviene en este caso) debe establecer si abre la causa a prueba, para que en un plazo de hasta 30 días se aporten más elementos de defensa o de imputación. O si rechaza esa opción y se cierra la etapa de instrucción.
Con toda esa documentación luego debe determinar si “aconseja una sanción”.
Completado este recorrido jurídico-administrativo, las alternativas que se contemplan en el régimen policial son: sobreseimiento o sanción expulsiva (Cesantía o Exoneración).
La defensa de los oficiales pedirá ampliación del sumario y nuevas medidas de prueba; el sobreseimiento y subsidiariamente una sanción Suspensiva de Empleo, según adelantaron los abogados que asesoran a los policías relevados.