La iniciativa ya fue aprobada por la Cámara de Senadores y aguarda tratamiento en Diputados. Hoy habrá una importante reunión de legisladores con autoridades judiciales que quieren opinar.
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En el marco de recientes megaoperativos policiales llevados a cabo en la ciudad Capital, incluyendo el que se realizó en barrios como Ongay, Paloma de La Paz, Loma Linda, Villa Raquel, y una acción similar previa en Valle Pujol, la Policía de Corrientes ha puesto de relieve la importancia crucial de la Ley de Narcomenudeo que actualmente se debate en la Legislatura provincial.
El jefe de Policía, comisario Miguel Ángel Leguizamón destacó que la normativa es «importante para llevar adelante nuestro trabajo» y hacerlo «más dinámico».
El reciente megaoperativo que se desarrolló cumpliendo 15 órdenes de allanamiento y movilizó a más de 150 efectivos (incluyendo Infantería, Canes, Caballería, Delito Complejo, Drogas Peligrosas, e Investigación Criminal), se originó tras la unificación de causas judiciales. Estas causas incluyeron un «atentado y resistencia a la autoridad» donde resultó herido personal policial de patrullaje, y la denuncia de un particular por actos de vandalismo que atemorizaban a la población local.
URGENCIA
Aunque la Policía realiza trabajos investigativos constantes sobre distintos «kioscos de drogas», el proceso actual para abordar el microtráfico (narcomenudeo) resulta extenso. El comisario Leguizamón explicó que, actualmente, se avanza con la Justicia Federal, y la Policía debe continuar «añadiendo pruebas». Solo una vez que el señor Fiscal Federal «considera» que hay suficiente evidencia, se extiende la orden de allanamiento.
Este proceso choca con la realidad operativa, donde la resistencia violenta es común en los puntos «críticos». En estos lugares, la Policía ha sido recibida con distintas clases de proyectiles, incluyendo piedra y tumberas, resultando en vehículos dañados y, en ocasiones, en personal policial lesionado.
El titular policial enfatizó en que la sanción y promulgación de la Ley de Narcomenudeo facilitaría enormemente la labor. Al ser consultado sobre cómo impactaría la ley, Leguizamón afirmó que el trabajo de la Policía en la calle sería «mucho más ágil».
El cambio fundamental residiría en la capacidad de respuesta inmediata: «Sería mucho más ágil y procederíamos en tiempo y forma». La Policía podría actuar ni bien obtenga el dato de la existencia de un punto de venta.
La implementación de la ley permitiría a las fuerzas de seguridad locales, que ya están activas en la investigación y cumplimiento de órdenes judiciales, atacar de manera más directa y rápida los focos de venta de estupefacientes que generan inseguridad y hechos de vandalismo en los barrios.
Cabe destacar que los operativos como el reciente, en los que se solicita la detención de personas (incluyendo la identificación de menores para ser entregados a sus progenitores bajo acta), continuarán repitiéndose si se dan los antecedentes judiciales necesarios.
Vuelta de tuerca al sistema
El proyecto sobre narcomenudeo fue impulsado por el Gobernador a fines del 2024 y busca trasladar a la órbita de la Justicia provincial la persecución del narcomenudeo, actualmente a cargo de la Justicia Federal.
«El Gobernador tomó una decisión valiente. Con esta ley, la Provincia asumirá la jurisdicción para combatir la venta de drogas en los barrios», explicó en su momento el vicegobernador, Pedro Braillard Poccard, quien remarcó que se trata de una norma que ya está vigente en otras provincias como el Chaco, Santa Fe y Entre Ríos.
Braillard indicó que el objetivo es dividir las responsabilidades: la Justicia Federal se enfocaría en el narcotráfico de gran escala, mientras que la Justicia y la Policía provinciales se encargarían del delito de narcomenudeo. «Esto mejora la capacidad del Estado para enfrentar el problema», aseguró.
Para avanzar con la implementación, será necesario crear estructuras específicas como fiscalías especializadas, laboratorios, áreas de inteligencia y dotar de recursos tanto tecnológicos como humanos. En ese sentido, Braillard destacó: «Es clave que la Nación cumpla con su compromiso de volcar recursos para esta transición. Estamos hablando de nuevos desafíos que requieren inversión en equipamiento y personal capacitado».
El proyecto prevé además la creación de un Consejo de Articulación Federal, que incluya a fiscales y fuerzas federales y provinciales para asegurar el trabajo conjunto.