Hay muchas maneras de entrarle a la inflación de 2025. Una previsible es el nivel anual de 31,5% elegido por el ministro Luis Caputo, que aun cuando no representa nada semejante a una pinturita le sirvió para proclamar que estamos ante el registro más bajo de los últimos ocho años y, de paso, intentar remachar que el Gobierno va camino de cumplir con la promesa de terminar con el gran flagelo que hace tiempo azota la economía argentina.
Otra manera de entrarle a la estadística sería hablar del 2,8% que marcó el índice de diciembre, esto es, de una tasa que sigue plantada en la zona del 2% mensual y encima orillando la del 3%. Quedó claro: sobre ese incómodo 2,8% que continuó la tendencia alcista retomada con el respingo del 1,6% en junio nada dijo el ministro, ni tampoco acerca de los siete meses de suba que le siguieron.
Nuevamente números y ahora a propósito del 31,5% de 2025 tenemos aquí cerca, en la región, varios casos parecidos a la nada misma comparados con el nuestro, como el 3,1% de Paraguay, el 3,65% de Uruguay, el 4,26% de Brasil o, si se prefiere, el 1,51% de Perú. Todos, vale repetir, del mismo 2025, tomados del INDEC y de los institutos de estadísticas vecinos y ninguno generado por economías del mundo desarrollado.
Eso sí, al interior de nuestro 31,5% encontramos unas cuantas explicaciones sobre el mismo cuadro originadas, paradójicamente, en el ajuste sobre el ajuste que el gobierno libertario eligió para frenar el proceso inflacionario según una receta fiscalista que presume de clásica.
Ahí aparecen parientes directos y colaterales de un modelo que le pegó un saque del 37,6% real, descontada la inflación, a los subsidios energéticos y otro del 25,2% a los subsidios al transporte público de pasajeros. Luego y a caballo, entre diciembre 24 y diciembre 25, las tarifas de la electricidad y del gas subieron 30,2%; 32% las del transporte y 35% el costo de las comunicaciones.
Siempre según las planillas del INDEC, en las proximidades se advierte que el alquiler de las viviendas se encareció 70,8%; un 28,2% los costos asociados a la salud y 30,9% el de las prepagas. Más, nada menos que el 52,3% que le tocó a la zarandeada educación.
Puesto en comentarios de especialistas, ahí tenemos recortes en subsidios que derivan en aumentos de tarifas allí donde la energía eléctrica es más cara y el consumo resulta estructuralmente elevado y donde, además, hoy no existe gas por red. Todo en un mundo de bajos ingresos que fuerza medidas de apuro bancadas con recursos de las propias provincias igual que el mantenimiento de la infraestructura básica.
Un dato del Presupuesto Nacional 2026, para que nada desentone: la inflación proyectada por el gobierno nacional dice 10,1%. O sea, que los gastos han sido calculados según esa hipótesis, o sea, subestimados y con extras a cargo de los gobernadores.
Federalismo al modo mileísta, que le dicen.