En el marco de la investigación por el viaje del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, a Punta del Este, el juez federal Ariel Lijo ordenó la presentación de todos los contratos celebrados entre la Televisión Pública y la productora Imhouse S.A., propiedad del periodista Marcelo Grandio. Grandio es señalado como el amigo que habría financiado los vuelos privados utilizados por el funcionario durante el fin de semana de Carnaval.
Ampliación de la investigación
La solicitud judicial, realizada a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, incluye una extensa lista de documentación. El magistrado no solo pidió los acuerdos con la productora, sino también toda la información comercial, contable y bancaria de la empresa Alpha Centauri S.A., propietaria del avión Honda Jet utilizado en el viaje. La orden judicial contempla la posibilidad de un allanamiento en caso de que la documentación no sea entregada voluntariamente.
Detalles del viaje bajo la lupa
El foco de la investigación está puesto en el vuelo realizado entre el aeropuerto de San Fernando y Laguna del Sauce, en Punta del Este, entre el 12 y el 17 de febrero. El juez Lijo requiere presupuestos, contratos, facturas y registros de comunicación para determinar quién solicitó y pagó el servicio. Según versiones, Grandio habría abonado el trayecto de ida, mientras que el vuelo de regreso formaría parte de un paquete de diez viajes adquirido por un piloto corporativo uruguayo.
Levantamiento del secreto fiscal y más requerimientos
Como parte de las medidas, el juez dispuso el levantamiento del secreto fiscal de las empresas involucradas, Imhouse S.A. y Alpha Centauri S.A., así como del piloto Agustín Issin Hansen. Además, se solicitó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informes sobre la situación fiscal de Grandio y su productora. A la Oficina Nacional de Contrataciones se le pidió un detalle de todos los acuerdos registrados con ellos.
Consultas a la Presidencia y posibles delitos
El juez también se dirigió a la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, para que informe si existe alguna autorización, misión oficial o rendición de gastos vinculada al viaje de Adorni. La investigación busca establecer si los hechos podrían configurar los delitos de enriquecimiento ilícito o recepción de dádivas por parte del jefe de Gabinete.
La causa fue iniciada a partir de una denuncia presentada por los diputados nacionales Esteban Paulón, Pablo Juliano y Maximiliano Ferraro. Es una de las tres causas judiciales abiertas en los últimos días contra el funcionario, y existe la posibilidad de que se unifiquen con otra promovida por la diputada Marcela Pagano por similares fundamentos.