La gestión del presidente Javier Milei presenta un escenario dual, según los últimos sondeos de opinión pública. Por un lado, su imagen personal y la aprobación de su administración se mantienen en niveles considerados razonables e incluso superiores a los registrados por expresidentes en momentos análogos de sus mandatos. Por el otro, las expectativas de la ciudadanía sobre una mejora a corto y mediano plazo han sufrido un deterioro marcado, configurando un clima de pesimismo respecto al futuro.
Los números de la aprobación y la desilusión
Datos proporcionados por consultoras especializadas indican que la aprobación a la gestión de Milei ronda el 37%. Esta cifra supera el respaldo que tenían, en fases comparables de sus gobiernos, Cristina Fernández de Kirchner (33%), Alberto Fernández (33%) y Mauricio Macri (35%). No obstante, este nivel representa también el punto más bajo desde que el mandatario asumió la Presidencia, retornando a los parámetros previos a las elecciones bonaerenses de septiembre del año pasado.
Una encuesta de la Universidad de San Andrés (Udesa) refleja un panorama similar, con una satisfacción general del 33% respecto a la marcha del país, lo que implica un descenso de siete puntos porcentuales desde diciembre. La desaprobación, en tanto, se ubica en el 59%, con un aumento equivalente en el mismo período.
La brecha de las expectativas
El dato más alarmante para el oficialismo se encuentra en la dimensión dinámica. Las expectativas de que la situación mejore en el plazo de un año cayeron cinco puntos en el último mes, situándose en el 35%, diez puntos menos que en diciembre. La percepción de una mejora en los últimos tres meses es de apenas el 16%, lo que implica un derrumbe de once puntos. Según Udesa, el 46% de los consultados cree que el país estará peor dentro de un año, mientras que solo un 30% espera una mejora.
Factores detrás del cambio de ánimo
Analistas coinciden en que tres factores principales, que se retroalimentan, explican este viraje en el humor social. En primer lugar, la paralización de la actividad económica en sectores sensibles, como el consumo interno, que impacta directamente en la vida cotidiana. En segundo término, un cambio en las prioridades ciudadanas, donde comienzan a predominar la preocupación por la conservación del empleo y la recuperación del poder adquisitivo de los salarios.
El tercer elemento es la aparición en la agenda pública de denuncias y escándalos que generan sospechas de corrupción, los cuales se recortan con mayor nitidez sobre un paisaje de malestar económico. El caso más reciente involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien enfrenta cuestionamientos por inconsistencias en la declaración de su patrimonio, específicamente por la omisión de una vivienda en un country que, según sus explicaciones, figura a nombre de su esposa.
El desafío político de la gobernabilidad
Este contexto de expectativas en retroceso plantea un desafío concreto para la gobernabilidad. Para una fuerza política que no cuenta con mayorías propias en el Congreso y tiene un despliegue territorial limitado, el respaldo social y la percepción de un rumbo positivo son capitales para negociar y lograr consensos. Los dirigentes opositores suelen mostrarse más propensos a la colaboración cuando perciben que sus bases electorales avalan las medidas oficiales.
La relación entre expectativas y estabilidad política es, en este escenario, casi directa. La incógnita que se abre es cuándo y cómo esta combinación de factores negativos podría catalizar la emergencia de una alternativa política opositora con fuerza electoral. Por el momento, ese escenario no parece inmediato, pero la capacidad del Gobierno para revertir la tendencia pesimista se erige como el interrogante central de los próximos meses.