La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York dictaminó este viernes a favor de la República Argentina en el litigio multimillonario iniciado por accionistas minoritarios de YPF. Por una mayoría de dos votos contra uno, el tribunal revocó la sentencia de primera instancia que condenaba al país a abonar 16.100 millones de dólares, un fallo que constituye un hito en el extenso proceso judicial.
El fundamento legal del fallo
Los jueces Denny Chin y Sarah Merriam Robinson, que integraron la mayoría, determinaron que las demandas por incumplimiento contractual presentadas contra el Estado argentino y la propia YPF «no son reconocibles según la ley argentina». Este punto central de la decisión judicial valida que la expropiación de la petrolera, discutida y sancionada por el Congreso Nacional en 2012, se realizó bajo el marco legal vigente en el país.
La sentencia enfatiza que los estatutos de una sociedad anónima como YPF cumplen una función organizativa interna y no constituyen un contrato bilateral exigible entre el Estado y los inversores privados. En consecuencia, no generan obligaciones contractuales que permitan reclamar daños por incumplimiento. El tribunal también señaló que la Ley General de Expropiaciones regula de manera integral el proceso de estatización, desplazando cualquier reclamo de naturaleza contractual.
Consecuencias inmediatas y protección de activos
Como resultado directo de esta decisión, Argentina evita el pago de una suma astronómica a los fondos Petersen y Eton Park, patrocinados por Burford Capital. Además, se previene el riesgo de embargo sobre activos estratégicos nacionales, incluyendo aquellos vinculados a la formación de hidrocarburos no convencionales Vaca Muerta.
El tribunal neoyorquino también rechazó otros argumentos legales presentados por los demandantes, como la doctrina del «promissory estoppel» (impedimento promisorio), considerando que sus pretensiones carecían de fundamento.
Un proceso judicial de más de una década
El litigio se originó tras la decisión del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner de nacionalizar el 51% de las acciones de YPF, controladas por la española Repsol. Los accionistas minoritarios reclamaron una indemnización similar a la recibida por la empresa ibérica, iniciando una batalla legal que se extendió por más de diez años en cortes estadounidenses.
Tras el fallo inicial adverso de la jueza Loretta Preska en septiembre de 2023, Argentina inició un camino de apelaciones que culminó con la audiencia oral de octubre de 2025. El proceso contabilizó cinco presentaciones ante la Corte del Segundo Circuito, todas las cuales quedaron desestimadas con la decisión de este viernes. La jueza Preska deberá ahora anular o reformular su sentencia original en consonancia con este nuevo criterio.
Disenso y apoyo internacional
La decisión no fue unánime. El juez José Cabranes disintió de la posición mayoritaria, aunque su voto no logró modificar el resultado final. A lo largo del extenso proceso, la postura argentina recibió el respaldo de Estados Unidos y otros países, que se presentaron como «amicus curiae» (amigos del tribunal) en distintas instancias, aportando perspectivas que reforzaron los argumentos de la defensa nacional.
El fallo reafirma la posición sostenida por sucesivos gobiernos argentinos: cualquier reclamo relacionado con la expropiación de YPF debe ser dirimido ante la justicia local, conforme a las leyes del país donde se realizó el acto de soberanía.