Un cuarto de las motocicletas secuestradas en operativos de control de tránsito en la ciudad no son retiradas por sus propietarios, según datos oficiales difundidos por la Secretaría de Movilidad y Seguridad Ciudadana. De un total de 600 unidades retenidas en el último período, 150 permanecen en los depósitos municipales sin que nadie las reclame, un fenómeno que las autoridades vinculan a diversas causas, desde problemas legales hasta el olvido administrativo.
Un parque «muy irregular» y el objetivo del ordenamiento
Yamandú Barrios, titular del área, describió la situación del parque de motocicletas como «muy anarquizado» y «muy irregular». Los operativos, que se realizan de forma sorpresiva en puntos estratégicos, forman parte de un plan integral de ordenamiento del tránsito cuyo objetivo principal es «sanear la circulación» y retirar de las calles vehículos que no cumplen con los requisitos mínimos de seguridad o legalidad.
«Si no es ilegal, es irregular», afirmó Barrios, justificando la rigurosidad de los controles como una medida para proteger a los ciudadanos que sí respetan las normas. El funcionario explicó que, tras el secuestro, muchas motos no son reclamadas porque «son robadas, porque tienen problemas dominiales o porque no les interesa sacar la moto».
Futuro de las unidades abandonadas y cambio cultural
Ante la acumulación de vehículos en los depósitos, el Municipio analiza medidas de contingencia. Una vez cumplidos los plazos legales establecidos, las motos que no sean reclamadas podrían ser destinadas a compactación o a remate público, una herramienta prevista en la normativa vigente.
El plan de Movilidad Urbana trasciende la mera fiscalización y apunta a un cambio cultural en la conducta de los conductores. Barrios recordó que «hasta hace poco tiempo nomás, en la cara de los inspectores pasaba la gente sin casco», una práctica que busca erradicar. «Creo que en 2026, si nosotros seguimos con esta línea, vamos a lograr que en un altísimo porcentaje de la ciudad se respete la utilización obligatoria del casco», manifestó optimista.
Reacción ciudadana y perspectiva a mediano plazo
Desde la Secretaría destacan que, pese a las fricciones iniciales, ha crecido el reconocimiento por parte de automovilistas y peatones que cumplen las normas. Estos ciudadanos ven en los operativos una forma de garantizar mayor equidad y seguridad en el espacio público.
La continuidad de estas políticas de control es una prioridad para la gestión, con la expectativa puesta en lograr un impacto positivo a mediano plazo. El objetivo final, según las autoridades, es universalizar el cumplimiento de las reglas de tránsito, comenzando por el uso del casco, considerado un «paso gigante hacia adelante» en materia de seguridad vial.