Un juez federal ordenó restricciones de contacto y acercamiento a favor de Vanesa Elizabeth Tossi, quien declaró en la investigación por el viaje del jefe de Gabinete a Punta del Este, tras denunciar presiones.
En el marco de la causa que investiga el viaje del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a Punta del Este en vuelos privados, el juez federal Ariel Lijo dictó este sábado medidas de protección urgentes para Vanesa Elizabeth Tossi, secretaria de la empresa aérea JAG Executive Aviation. La decisión responde a un pedido del fiscal federal Gerardo Pollicita, luego de que la testigo denunciara haber sido objeto de hostigamiento y presiones por parte del periodista Marcelo Grandio, amigo de Adorni e implicado en la investigación.
El magistrado ordenó que Grandio se abstenga de contactar a Tossi por cualquier vía y estableció una restricción de acercamiento a su domicilio, ámbito laboral y sitios de concurrencia habitual. Según trascendió, durante su declaración del viernes ante el fiscal, Tossi recibió sucesivas llamadas y mensajes de Grandio, sumados al envío previo de una carta documento con términos intimidatorios. Según su relato, estas acciones buscaban amedrentarla y condicionar su testimonio sobre los hechos investigados.
En su declaración, la empleada precisó que Grandio efectuó el pago del traslado y habría solicitado que no se emitiera la factura correspondiente. Ante la gravedad de los hechos, el fiscal Pollicita impulsó una investigación paralela por posibles delitos de amenazas y coacciones, subrayando que las acciones constituyen indicadores concretos de presión que atentan contra la integridad de una fuente de prueba fundamental.
El juez Lijo argumentó que los contactos insistentes y la interrupción de la audiencia exhiben un riesgo real que debe mitigarse para preservar la libertad de declaración y la estabilidad emocional de la testigo. Asimismo, dispuso que se extraigan testimonios del acta de su declaración y la documentación respaldatoria para investigar formalmente las presiones denunciadas.
La resolución judicial enfatiza que el objetivo primordial de las restricciones no es la sanción anticipada, sino resguardar la integridad psíquica de la testigo y proteger el proceso de recolección de pruebas en una causa que involucra el uso de servicios privados por parte de altos funcionarios públicos.