El proyecto para modificar el proceso de designación de magistrados, presentado por ministros de la Corte, inició su trámite ordinario en el Consejo, generando expectativas y debate sobre su agilidad.
El proyecto de la Corte Suprema para modificar el proceso de selección de jueces inició esta semana su camino dentro del Consejo de la Magistratura al ser girado, como un expediente más, a la Comisión de Reglamentación, su primera parada de un trámite que puede ser extenso.
El tratamiento ordinario que recibió la iniciativa generó malestar entre sus impulsores, quienes esperaban una mayor agilidad. Desde su presentación, el proyecto ha recibido amplias expresiones de respaldo, ya que busca limitar la injerencia de la política en la elección de jueces y reducir los márgenes de arbitrariedad.
La iniciativa fue firmada por los ministros Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti e introduce modificaciones en distintas instancias del proceso. Recalibra, especialmente, el peso de las entrevistas personales, una instancia cuestionada que, según Rosenkrantz, se utiliza para «reescribir el orden de mérito» de los candidatos.
Un ejemplo reciente de esta discrecionalidad se observó en el pliego de Emilio Rosatti, hijo del ministro Horacio Rosatti, enviado al Senado. En parte gracias a los puntos obtenidos en la entrevista personal, su posición en el ranking de mérito mejoró del cuarto al primer lugar.
Horacio Rosatti, presidente de la Corte y del Consejo, no firmó la acordada, aduciendo su doble función, pero sí participó de su presentación. El nuevo reglamento propone, entre otros puntos, que los concursos se realicen con un banco de preguntas corregido mediante múltiple choice y que las entrevistas personales solo puedan otorgar un máximo del 10% de la puntuación total.
«Nos sentimos obligados a promover la iniciativa por una necesidad imperiosa de mejorar el procedimiento de selección de magistrados», afirmó Rosenkrantz durante la presentación. Respecto a las entrevistas, sostuvo que son una fuente permanente de queja «en los aspirantes serios» y que alteran el orden de mérito «sin parámetros claros ni límites cuantitativos».
Desde una de las vocalías de la Corte se manifestó que, si se dilata el tratamiento del proyecto dentro del Consejo, se estaría «deshonrando el mandato» del presidente Rosatti. El malestar surge porque la acordada mayoritaria de la Corte no recibió un trato especial en su ingreso al organismo.