El Ejecutivo nacional trabaja en el decreto reglamentario de la Ley 27.802, con el objetivo de oficializarlo durante abril, mientras enfrenta presentaciones judiciales que limitan su aplicación.
El Gobierno nacional acelera la reglamentación de la reforma laboral y apunta a oficializarla durante abril, en medio de presentaciones judiciales que limitaron su aplicación. La Ley 27.802 fue sancionada por el Congreso el pasado 27 de febrero. Desde la Casa Rosada sostienen que no habrá cambios de fondo en el contenido de la norma. Sin embargo, admiten que la reglamentación buscará reforzar aspectos que quedaron bajo mayor cuestionamiento en la Justicia.
La estrategia legal está coordinada entre la Procuración del Tesoro y la Secretaría de Legal y Técnica. El objetivo es concentrar las denuncias en el fuero Contencioso Administrativo y unificar los procesos para una defensa coordinada. En paralelo, el oficialismo prevé que la discusión pueda escalar hasta la Corte Suprema. En ese marco, el decreto reglamentario es considerado una herramienta clave para sostener la implementación de la reforma.
El circuito administrativo involucra a distintas áreas del Estado, entre ellas Desregulación, Economía, Trabajo y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Luego, la Secretaría de Legal y Técnica centraliza los expedientes y define el texto final para su publicación. La normativa asigna a ARCA funciones específicas vinculadas a la registración laboral y a obligaciones de seguridad social. También remite a la reglamentación aspectos como los sistemas de pago en prestaciones sin relación de dependencia.
Uno de los puntos en análisis es el Fondo de Asistencia Laboral, cuya implementación figura entre las prioridades oficiales. Además, se evalúa la posibilidad de orientar esos recursos hacia instrumentos financieros, como colocaciones del Tesoro. El avance del decreto se da en paralelo a una estrategia más amplia sobre el fuero laboral. El Gobierno busca sostener el traspaso de competencias a la Ciudad de Buenos Aires como parte de un esquema para ordenar la disputa judicial.
En el Ejecutivo consideran que la reglamentación funcionará como un respaldo técnico en la aplicación de la ley. Los principales ejes están puestos en su alcance sobre relaciones laborales vigentes y en los nuevos procedimientos establecidos.