La comuna confirmó sanciones económicas a las concesionarias Ersa y Transporte San Lorenzo por la interrupción del servicio después de las 22 horas, medida vigente desde hace diez días. Paralelamente, se gestiona una prórroga de la concesión para evitar una parálisis total del sistema.
El conflicto en el transporte urbano de pasajeros de la ciudad de Corrientes ha escalado a un nuevo nivel institucional. Tras diez días de un esquema de circulación restringida que deja sin servicio nocturno a miles de usuarios, la Municipalidad de Corrientes anunció que impondrá multas a las empresas concesionarias Ersa (Empresa Romero Sociedad Anónima) y Transporte San Lorenzo por el recorte unilateral del horario de prestación.
La medida, implementada desde la noche del 27 de marzo, mantiene las unidades guardadas entre las 22 y las 6 de la mañana. Desde la Secretaría de Movilidad Urbana, a cargo de Yamandú Barrios, se señaló que la prioridad absoluta es garantizar la continuidad del servicio para los pasajeros. Fuentes municipales indicaron que el proceso de sanción y control brindaría el tiempo necesario para analizar alternativas y definir un esquema más eficiente.
Esta decisión se produce en un contexto donde el intendente Claudio Polich anunció que el Municipio solicitará formalmente una prórroga de la concesión vigente, que está próxima a vencer. El objetivo de esta prórroga es dar un marco de legalidad a la prestación mientras se avanza en la revisión de los pliegos, en medio de discusiones sobre la sostenibilidad financiera del sistema entre Nación, Provincia y Municipio.
Polich ha expresado su preocupación por el desequilibrio en el reparto de recursos federales para subsidios, un factor que las empresas argumentan para justificar los recortes, señalando una presión insostenible para las jurisdicciones del interior frente al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Las empresas, por su parte, fundamentaron la medida de retirar los micros a las 22 horas en la imposibilidad de sostener frecuencias en horarios de baja recaudación, citando la crisis de costos y el precio del combustible. La implementación sorpresiva de este recorte, a fines de marzo, generó incertidumbre entre los usuarios.
El secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Corrientes, José Sabao, aclaró en su momento que la interrupción no fue una medida de fuerza convocada por el gremio o los trabajadores, y relató que incluso el personal de las empresas se enteró de manera sorpresiva de la decisión.