El especialista en Derecho Administrativo y Ambiental Homero Bibiloni denunció la falta de estudios de impacto ambiental y cuestionó la autenticidad de los avales internacionales en el proceso licitatorio de la Vía Navegable Troncal.
El proceso licitatorio para la concesión de la Vía Navegable Troncal del río Paraná, pieza clave para la logística y el comercio exterior de la región, se encuentra envuelto en una creciente controversia legal y técnica. Homero Máximo Bibiloni, reconocido especialista en Derecho Administrativo y Ambiental, analizó la situación actual del trámite impulsado por la administración del presidente Javier Milei y calificó el procedimiento como un «cúmulo de vergüenzas».
En un reportaje brindado a radio Sudamericana, el experto denunció una serie de inconsistencias, que van desde la presunta falsificación de avales de organismos internacionales hasta la omisión absoluta de estudios ambientales básicos, en un escenario donde el Ejecutivo nacional parece avanzar sin atender las advertencias de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).
Uno de los puntos más críticos señalados por el especialista refiere a la validez de los informes que la Nación utiliza para legitimar el pliego de condiciones. Bibiloni hizo hincapié en que el respaldo supuestamente otorgado por las Naciones Unidas está siendo seriamente cuestionado en la arena judicial. «Ese aval no es tal y, encima, ahora está denunciado porque puede ser apócrifo», manifestó el abogado respecto de la documentación presentada por la Agencia Nacional de Vías Navegables.
Al profundizar en las irregularidades formales de esos textos, Bibiloni señaló que los documentos no cumplen con los estándares estéticos ni técnicos propios de los organismos globales: «Cuando uno compara, ve que no tienen el estilo de lo que son documentos de organismos internacionales; parecen más que todo un documento de Word», afirmó el experto. Asimismo, precisó que se han detectado firmas que parecen haber sido insertadas mediante sistemas de recorte digital, lo que arroja mantos de duda sobre la autoría real de las recomendaciones.
La preocupación de los sectores ambientalistas y técnicos se centra en la magnitud del dragado pretendido, que busca aumentar significativamente la profundidad del canal para permitir el ingreso de buques de mayor calado. El especialista advirtió que se está omitiendo el «ABC» de cualquier obra de infraestructura de esta envergadura: la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y la Evaluación Ambiental Estratégica. «No se sabe dónde se va a poner ese volumen del dragado porque no está estudiado», alertó, al tiempo que amplió que la remoción de sedimentos equivaldría, según cálculos de ingeniería, a unas 21.000 piletas olímpicas.
Esta situación, en palabras del letrado, transformaría al río en una «huella profunda» despojada de su ecosistema natural: «Vas a hacer un zanjón gigante donde no va a haber un río; va a haber una zanja profunda por la que transiten los barcos. Olvidate de la vida, olvidate de la pesca, olvidate de todo», sentenció al referirse a las consecuencias ecológicas para las provincias ribereñas, entre las que se incluye Corrientes.
Asimismo, la soberanía nacional aparece como otro eje de conflicto. Bibiloni denunció la injerencia de organismos extranjeros en la confección de los pliegos, citando la cláusula que obliga a los oferentes a ser evaluados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos. «Teníamos una injerencia norteamericana en el pliego porque, si alguno no pasaba ese reporte, no seguía la licitación de una Argentina soberana», explicó. Además, advirtió que la falta de previsión en el manejo de los sedimentos podría terminar favoreciendo unilateralmente a Uruguay en la gestión de los canales del Río de la Plata, lo que representaría un «atentado a la soberanía nacional».
Detrás de la urgencia oficial por adjudicar la hidrovía, Bibiloni identifica un «negocio fenomenal» de miles de millones de dólares proyectado a 25 años. El especialista explicó que el diseño de la licitación beneficia de manera directa a los grandes exportadores de granos y a las empresas dragadoras, en detrimento de los productores locales y del propio Estado argentino. «Yo calculo que hay un caballo del comisario», lanzó el abogado al referirse a la falta de competencia real en el proceso, donde solo dos firmas belgas, Deme y Jan de Nul, quedaron en carrera bajo condiciones que calificó como cuestionables.