En la Cámara de Senadores se estudia un proyecto de ley que establece el Régimen Provincial de Startup y Ecosistema Emprendedor, con beneficios fiscales, un fondo de coinversión y subsidios laborales.
En la Cámara de Senadores se estudia un proyecto de ley que establece el Régimen Provincial de Startup y Ecosistema Emprendedor. De convertirse en ley, se crearía un marco normativo integral para atraer, financiar y acompañar a empresas tecnológicas e innovadoras radicadas o que se instalen en territorio correntino, con instrumentos que van desde exenciones impositivas de largo plazo hasta un fondo de coinversión administrado por el Banco de Corrientes S.A.
El expediente, presentado en la sesión desarrollada el jueves pasado desde el bloque de la Unión Cívica Radical (UCR), tomó estado parlamentario y fue girado a la Comisión de Impuestos y Presupuesto para su estudio y dictamen.
La iniciativa llega en un momento en que la mayoría de las grandes provincias del país ya cuentan con regímenes similares. Córdoba dispone desde hace años de la Ley 10.722, que otorga exenciones impositivas por una década y subsidios laborales a las empresas del sector del conocimiento. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires relanzó su Distrito Tecnológico con beneficios garantizados hasta 2035 y una incubadora pública propia. Mendoza, por su parte, opera el programa Mendoza Ventures, con un fondo de coinversión inicial de 1,5 millones de dólares destinado a aceleradoras privadas.
Frente a ese mapa, Corrientes operaba con normas pensadas para la industria manufacturera tradicional que carecen de las categorías jurídicas y los instrumentos financieros que demanda la economía digital. Esa brecha, denunciada con precisión en los fundamentos del proyecto, es la que el radicalismo correntino pretende cerrar con esta ley.
El texto se estructura en torno a siete instrumentos centrales. En primer lugar, fija definiciones legales precisas de startup y “emprendimiento de base tecnológica e innovadora”, lo que delimita con claridad quiénes pueden acceder a los beneficios. Para ser considerada startup, una empresa deberá tener domicilio fiscal en Corrientes, no más de siete años de antigüedad y desarrollar actividades vinculadas a la innovación tecnológica, la inteligencia artificial, el desarrollo de software, la biotecnología u otras de alto valor agregado. Además, sus fundadores originales deberán conservar el control político de la persona jurídica.
Sobre esa base, se crea el Registro Provincial de Startup, Incubadoras y Aceleradoras, cuya inscripción será la puerta de entrada a todos los beneficios previstos. El proceso podrá iniciarse con una inscripción provisoria de hasta 90 días, y si la administración no resuelve en ese plazo, operará el silencio administrativo positivo: la solicitud se considerará aprobada de forma automática.
El corazón fiscal de la iniciativa son las exenciones tributarias de largo plazo. Las startups inscriptas quedarán eximidas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, del Impuesto de Sellos y del Inmobiliario sobre los inmuebles afectados a la actividad.
El esquema es gradual: exención plena durante los primeros cinco años y del 50 por ciento en los cinco años siguientes. A eso se suma una cláusula de estabilidad fiscal que prohíbe la creación de nuevos tributos o el aumento de alícuotas sobre las actividades beneficiadas durante toda la vigencia del régimen, lo que apunta a garantizar previsibilidad para quienes decidan invertir en la provincia.
Para el financiamiento de los emprendimientos, la ley propone crear el Fondo Provincial de Capital Emprendedor, estructurado como fideicomiso de administración e inversión bajo la gestión del Banco de Corrientes S.A.
El Fondo podría otorgar aportes no reembolsables para startups en etapa inicial, préstamos a tasa subsidiada, garantías para el acceso al crédito bancario y fondos de coinversión con aceleradoras privadas seleccionadas mediante concurso público. Su conducción recaería en un Comité de Inversión que integraría representantes del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Hacienda, de la Universidad Nacional del Nordeste y del sector privado emprendedor.
La norma incorpora también un subsidio laboral: las startups registradas que contraten nuevos empleados en relación de dependencia recibirían una asignación mensual equivalente al 30 por ciento del Salario Mínimo Vital y Móvil por cada nuevo trabajador, durante seis meses. Ese porcentaje crecería cuando se trate de contrataciones de mujeres, personas con discapacidad, personas travestis, transexuales o transgénero, profesionales con formación en disciplinas CTIM y residentes en municipios del Interior con menos de 50.000 habitantes.
El proyecto plantea además la adhesión expresa de Corrientes a las leyes nacionales 27.349 (de Apoyo al Capital Emprendedor, que creó la Sociedad por Acciones Simplificada) y 27.506, de Economía del Conocimiento. Esta última garantiza a escala federal reducciones en el Impuesto a las Ganancias, bonificaciones de hasta el setenta por ciento en contribuciones patronales y arancel cero en exportaciones de servicios cognitivos.
La articulación con esos marcos federales les permitiría a las empresas correntinas acceder a una doble capa de beneficios, provinciales y nacionales, sin superposición de regímenes.
Para la coordinación del ecosistema, la iniciativa prevé la creación de una Unidad Ejecutora Especializada en Startup e Innovación y la celebración de convenios con la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) y su agencia Agentia, la Universidad de la Cuenca del Plata (UCP), el Instituto de Fomento Empresarial y el Consejo Federal de Inversiones (CFI).
El proyecto aguarda ahora el análisis de la comisión antes de ser sometido a votación en el recinto.