La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) solicitaron al ministro de Economía, Luis Caputo, la suspensión temporal de ejecuciones bancarias y multas a pequeñas y medianas empresas. El ex presidente de la Federación Económica de Corrientes (FEC), Jorge Gómez, respaldó la iniciativa y advirtió sobre el impacto en las economías del interior.
En un contexto de recesión, caída de ventas y aumento de costos operativos, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) formalizaron un pedido ante el ministro de Economía, Luis Caputo, para que se suspendan temporalmente las ejecuciones bancarias y las multas a las firmas en crisis.
La solicitud se produce tras la aplicación de embargos de cuentas bancarias y fondos a cobrar por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Desde Corrientes, el ex presidente de la Federación Económica de Corrientes (FEC), Jorge Gómez, respaldó institucionalmente la iniciativa.
«Para una gran empresa, un embargo puede ser una dificultad financiera. Para una pyme puede significar directamente no poder abrir al día siguiente», declaró Gómez. «Cuando se inmoviliza de forma preventiva la cuenta de una pequeña estructura, se afecta de manera inmediata el pago de salarios, la reposición de mercaderías con proveedores y la continuidad misma del negocio», agregó.
El reclamo sectorial señala que el bloqueo al capital de trabajo ocurre en momentos de nulo acceso al crédito y con tasas de interés elevadas. Los representantes del sector privado indican que el Estado tiene derecho a percibir sus acreencias, pero advierten que aplicar mecanismos de embargo sobre las pymes puede afectar las arcas públicas a futuro. Proponen la implementación de moratorias o planes de pago más amplios, la reducción de las tasas de interés resarcitorio y la habilitación de ventanas de tiempo para que las empresas puedan facturar y pagar.