El Gobierno nacional, liderado por el presidente Javier Milei, cerró una primera mitad de año favorable en el Congreso, con la sanción de la reforma laboral y el nuevo Régimen Penal Juvenil. Ahora, buscará avanzar en la eliminación de las PASO.
El Gobierno nacional, liderado por el presidente Javier Milei, cerró una primera mitad de año favorable en el Congreso de la Nación, al consolidar la aprobación de normativas de fuerte impacto estructural y neutralizar la capacidad de la oposición para fijar la agenda pública. Pese a encontrarse en minoría parlamentaria, la estrategia de alianzas tácticas con sectores dialoguistas permitió destrabar debates históricos que llevaban décadas postergados, tales como la modernización en el ámbito laboral y modificaciones sustanciales en materia penal juvenil. El balance del período dejó un escenario de fortaleza institucional para la Casa Rosada, que ahora se apresta a dirimir un exigente temario de cara al segundo tramo del año ordinario.
El hito central de la estrategia de La Libertad Avanza (LLA) se corporizó a través de la sanción de la Ley de Modernización Laboral (27.802), aprobada definitivamente en la Cámara de Diputados luego de una extensa y compleja jornada de debate en el Senado de la Nación. Esta normativa introdujo modificaciones de fondo en las reglas que rigen el mercado del trabajo, un eje considerado indispensable por los equipos técnicos presidenciales para reactivar el empleo y otorgar previsibilidad al sector empresarial.
Al evaluar el alcance de los cambios introducidos, se puso el foco en las herramientas de flexibilización incorporadas. La legislación dispuso el abaratamiento de las indemnizaciones por despido y la implementación del banco de horas, junto con una reducción formal en los aportes patronales. En sintonía con estos puntos, se estableció la creación de un fondo de asistencia laboral que será financiado de manera directa por los empleadores.
La reforma también avanzó sobre los esquemas de representación tradicional al suprimir la denominada ultraactividad de los convenios colectivos, lo que otorga preeminencia a los acuerdos alcanzados por empresa individual por encima de los entendimientos sectoriales, los cuales perderán vigencia de forma automática en caso de no ser renovados por las partes. Asimismo, quedó instituida la figura del trabajador independiente, una modalidad contractual que se sitúa por fuera de la Ley de Contrato de Trabajo y da marco legal a prestaciones de servicios específicos.
En paralelo a la agenda económica, el Congreso dio luz verde al nuevo Régimen Penal Juvenil, una iniciativa que arrastraba cerca de 20 años de marchas y contramarchas en los ámbitos de las comisiones parlamentarias. El cambio medular de la reforma consiste en la reducción de la edad de imputabilidad, que descendió de los 16 a los 14 años para la comisión de delitos.
A este paquete de medidas se sumó la sanción de la Ley de Inocencia Fiscal, orientada a promover la regularización de activos financieros. El texto aprobado incrementó el piso legal para la configuración del delito de evasión simple a la suma de 100 millones de pesos, mientras que para la modalidad de evasión agravada, el umbral se situó en los 1.000 millones de pesos. Complementariamente, se acortaron los plazos de prescripción de la acción penal para este tipo de conductas, que pasaron de 5 a 3 años, marcando una flexibilización en los controles tributarios de alcance nacional.
Otro de los núcleos de mayor rispidez durante el tratamiento legislativo estuvo vinculado a las limitaciones aplicadas al ejercicio del derecho de huelga. La norma sancionada determinó que en aquellos servicios definidos como esenciales, entre los que se encuentran la salud, la educación, el transporte, la energía y el suministro de agua potable, las organizaciones gremiales deberán asegurar una prestación mínima equivalente al 75 por ciento de la actividad habitual. En tanto, para aquellas actividades calificadas como trascendentales, grupo que abarca a la actividad bancaria, la minería, la producción industrial y el comercio electrónico, el piso de cobertura obligatoria se fijó en el 50 por ciento.
Tras el período de receso invernal, los legisladores de LLA concentrarán sus mayores esfuerzos políticos en el tratamiento de una reforma política de carácter estructural, cuya meta principal radica en lograr la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso). En la Casa Rosada consideran que la supresión de esta instancia electoral es una pieza clave para consolidar el armado territorial con miras a los próximos desafíos electorales del sector. Pese a la determinación del Ejecutivo, la propuesta todavía encuentra resistencias y no logra sumar una masa crítica de apoyo entre los líderes de los estados provinciales afines y los bloques legislativos considerados aliados.
Una situación de paridad y debate constante rodea también al proyecto sobre inviolabilidad de la propiedad privada. El texto, cuyo tratamiento debió ser postergado en cuatro oportunidades y ya transita por la redacción de su borrador número 16, contempla medidas para acelerar los procesos de desalojo, modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego, la quita de restricciones para la adquisición de tierras por parte de ciudadanos extranjeros y reformas al régimen legal de expropiaciones.
La agenda postvacacional incluirá el ingreso de un conjunto de proyectos de ley de carácter macroeconómico, impulsados directamente por el Presidente. El temario contempla una nueva ampliación sobre los alcances de la Ley de Inocencia Fiscal, una reforma integral a la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina destinada a prohibir de forma taxativa el financiamiento directo al Tesoro nacional, y la creación de un sistema de interrupción técnica de partidas presupuestarias o «shutdown». Este último dispositivo, inspirado en el modelo de administración de los Estados Unidos, limitará por vía legal la capacidad de las dependencias estatales de ejecutar erogaciones financieras que excedan los recursos previstos en el Presupuesto.