El presidente Javier Milei analiza incorporar la pesca ilegal y otras actividades económicas al proyecto de sanciones vinculado a la causa Malvinas, que será enviado al Congreso el lunes.
El presidente Javier Milei evalúa incorporar la pesca ilegal y otras actividades económicas al proyecto de sanciones vinculado a la causa Malvinas, que se enviará el lunes al Congreso. La iniciativa forma parte de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional impulsada por el Ejecutivo y se encuentra en revisión en la Secretaría de Legal y Técnica, a cargo de María Ibarzábal Murphy.
El proyecto busca endurecer el régimen sancionatorio contra empresas que operan sin autorización argentina en el archipiélago. La discusión ocurre mientras el asesor presidencial Santiago Caputo define el formato de la presentación legislativa, que ingresará por la Cámara de Diputados, y antes del viaje de los ministros Carlos Presti (Defensa) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores) a Tierra del Fuego, previsto para este viernes.
Reclamo pesquero y Ley Pino Solanas
La posibilidad de sumar la actividad pesquera al esquema de sanciones responde a un pedido de la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera, que planteó al Gobierno extender el criterio aplicado contra las petroleras en Malvinas a las licencias de pesca otorgadas por el Reino Unido en la zona.
La administración analiza ampliar los alcances de la Ley 26.659, conocida como Ley Pino Solanas, aprobada por unanimidad en marzo de 2011. Esa norma establece que la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina solo puede realizarse con habilitación de la autoridad nacional competente.
En Casa Rosada se discute endurecer las penas y ampliar las actividades comerciales alcanzadas en las islas, alternativa conversada en la última reunión de la mesa política, realizada el martes pasado. De avanzar, la ampliación se sumaría al esquema de sanciones vigente contra compañías que buscan extraer petróleo en el archipiélago, tras la denuncia del Ministerio de Relaciones Exteriores contra 60 firmas, en coordinación con la Procuración del Tesoro.
El planteo también apunta a la Ley Federal de Pesca, que regula el uso y administración de los recursos vivos marinos, norma sobre la que existen cuestionamientos en torno a su aplicación efectiva.
Desde el peronismo pidieron que las empresas y actores vinculados a la explotación pesquera en las islas queden alcanzados por el régimen de sanciones, reclamo que se suma al de entidades del sector.
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Durante la inauguración del Museo del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”, Milei sostuvo que, con la nueva normativa, las empresas que provean servicios a firmas vinculadas a la explotación ilegal de recursos argentinos “no podrán contratar ni con el Estado ni con privados en nuestro país”. El mandatario adelantó además la creación del Consejo de Seguridad Nacional, organismo que articulará Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía.
Alternativas en vista
El Poder Ejecutivo evalúa dos alternativas para la presentación legislativa del lunes: girar el proyecto de manera tradicional o enviar a un funcionario al Congreso para explicar el articulado en persona. En ese escenario, Presti y Quirno, que participaron en la redacción del texto, figuran entre los posibles expositores. En Casa Rosada dan por descontado que ambos asistirán cuando la iniciativa se trate en comisión.
El oficialismo apunta a que el tratamiento legislativo comience entre fines de septiembre y principios de octubre, con expectativas de un dictamen ágil dada la escasa resistencia que anticipan en el recinto.
Mesa política
La discusión legislativa avanzó el martes en una reunión de mesa política encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, con la presencia de Quirno y Presti. Del encuentro participaron el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el asesor Santiago Caputo; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, entre otros funcionarios.
Allí se definió que los fondos para la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego estarán contemplados en el Presupuesto 2027, con financiamiento exclusivamente argentino, según voceros oficiales.
La agenda legislativa convive con la ofensiva del Gobierno contra empresas vinculadas a supuestos negocios petroleros ilegales en las islas, en el marco del proyecto Sea Lion, que involucra a las firmas Rockhopper y Navitas.
En paralelo, el Gobierno nacional destinó partidas adicionales a la Comisión Nacional de Actividades Espaciales para el desarrollo satelital, entre ellas la misión Sabia-Mar, cuya puesta en órbita está prevista para el primer semestre de 2027, y avanza con la construcción de la Base Antártica Conjunta Petrel.