El diputado provincial Ricardo «Caíto» Leconte presentó un proyecto para regular la dotación y el uso de armas no letales por parte de la Policía y el Servicio Penitenciario, con fondos provenientes de programas de perspectiva de género y diversidad.
El diputado provincial Ricardo «Caíto» Leconte, de La Libertad Avanza (LLA), presentó en la Cámara de Diputados de Corrientes un proyecto de ley para regular la dotación y el uso de armas de letalidad reducida por parte de la Policía y del Servicio Penitenciario provinciales, con fondos que actualmente están asignados a programas de perspectiva de género y diversidad.
El Expediente Nº 20.440 tomó estado parlamentario en la sesión del miércoles 23 de septiembre, ocasión en la que fue girado a las comisiones de Seguridad y Servicios Penitenciarios, y de Asuntos Constitucionales y Legislación General, con preferencia para ser tratado en el recinto dentro de las próximas tres sesiones.
Una alternativa intermedia
En el recinto, el legislador explicó el eje de la iniciativa. «Todos sabemos que cuando las fuerzas se encuentran ante una situación de violencia tienen dos alternativas: no sacar el arma o sacar el arma inmediatamente», planteó, y sostuvo que ese escenario genera incertidumbre y vulnerabilidad en los agentes, que quedan expuestos a sumarios. Por eso, pidió que la Cámara les dé «una alternativa intermedia», con pistolas de electrochoque, lanzadores de impacto cinético, agentes químicos y otros dispositivos de letalidad reducida.
El texto establece que el Ministerio de Seguridad deberá homologar y proveer esos equipos de manera progresiva. Además, fija metas a cumplir en 365 días corridos: 1.000 lanzadores de puño y 500 de hombro, propulsados por aire comprimido o dióxido de carbono, para la Policía; y 100 y 50, respectivamente, para el Servicio Penitenciario.
Asimismo, se establece que el Poder Ejecutivo tendría 30 días desde la sanción para dictar la reglamentación.
En los fundamentos de la normativa se aclara que estas armas no reemplazan ni limitan el recurso al armamento letal ante un peligro inminente: «Complementan la fuerza, no atan las manos del efectivo», arguyó Leconte.
El financiamiento, en el centro de la discusión
El punto de mayor sensibilidad política es el origen de los recursos. El artículo 9 dispone que los fondos provengan de las partidas de los programas de perspectiva de género y diversidad y autoriza al Ejecutivo a realizar las readecuaciones presupuestarias necesarias.
En redes sociales, Caíto Leconte aseguró que la compra se financia reasignando recursos existentes «sin aumentar el gasto público», mientras que durante la sesión afirmó que se trata de partidas «que todavía no han sido indicadas en qué se ha gastado».
Registro tecnológico y respaldo al agente
La propuesta incluye un sistema de transparencia operativa, con cámaras corporales, cámaras en patrulleros y geolocalización satelital integrada al 911. Los registros se almacenarían en un sistema centralizado ajeno a las dependencias policiales: 30 días para actuaciones rutinarias y conservación indefinida cuando se documente el uso de la fuerza o de armas.
Apagar o manipular los dispositivos sería una falta disciplinaria gravísima. Los fundamentos definen esa tecnología como «el escudo documental más poderoso del buen servidor público», mientras que el artículo 3 reconoce una presunción de legitimidad, salvo prueba en contrario surgida del proceso judicial, para el personal que actúe conforme a la ley.
Los fundamentos también advierten que en la Cámara hubo proyectos que dicen facilitar el uso de la fuerza, pero que esconden mecanismos que terminan en «sanciones y humillaciones al policía que pretende cumplir con su deber».
Contexto nacional
Leconte apoya su propuesta en las resoluciones nacionales 125/2024 y 704/2024. La segunda, firmada por la entonces ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y publicada el 26 de julio de 2024, aprobó el reglamento para el empleo de armamento no letal en las fuerzas federales, que incluye pistolas de descarga eléctrica y de municiones con sustancias irritantes. Organismos de derechos humanos, como el Cels, cuestionaron la medida y advirtieron que estas armas pueden ampliar el uso de la fuerza policial.
Antecedentes en la provincia
En Corrientes, el tema ya había ingresado a la Cámara: el expediente 20.154, impulsado por los diputados Emiliano Fernández Recalde y Cecilia Gortari, entre otros, plantea un protocolo para el empleo de armas de fuego por parte de la Policía e impulsa incorporar armas menos letales.
Lo que viene
Con la preferencia fijada, las dos comisiones deberán analizar el expediente antes de que vuelva al recinto. La discusión de fondo girará en torno al equilibrio entre las herramientas para los agentes, los controles sobre el uso de la fuerza y el origen de los fondos.