Agrupaciones kirchneristas y de izquierda realizarán un “piquetazo nacional” desde las 10. Bloquearán los principales accesos a la ciudad de Buenos Aires. El Ministerio de Capital Humano analiza quitarles los planes a quienes impidan el tránsito.
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En un tercer día de protocolo antipiquetes, Gendarmería, la PFA y la PSA se desplegaron en las adyacencias del Congreso. (Foto: Agustina Ribó/TN)
Los movimientos sociales nucleados en la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y espacios de izquierda convocaron a un “piquetazo nacional” para hoy, mientras el Gobierno nacional evalúa nuevas medidas antipiquetes.
Desde las 10, los manifestantes bloquearán cinco puntos de acceso a la Ciudad de Buenos Aires -entre ellos, el Puente Pueyrredón- y anuncian “más de 500 cortes y movilizaciones en todo el país”.
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Bajo la consigna “El hambre no espera”, las organizaciones reclaman por la entrega de alimentos para los comedores comunitarios y aumentos en los planes sociales. También rechazan la eliminación del programa Potenciar Trabajo.
El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Seguridad, aplicará el protocolo antipiquetes y desalojará a los manifestantes que corten calles, avenidas y puentes. En simultáneo, estudia la inclusión de una cláusula que permitiría la baja inmediata de los beneficiarios de los planes sociales en caso de participación en piquetes o actos de violencia y disturbios públicos.
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El borrador de esta normativa, que se encuentra bajo el expediente “EX-2024-23928359″, generó controversias en los últimos días. Según el artículo 16 de los requisitos de “Volver al Trabajo”, uno de los programas que reemplazarán al ex Potenciar Trabajo, aquellos beneficiarios que cometan actos de violencia y alteren el orden público podrían ser dados de baja de manera inmediata.
El documento, fechado el 11 de marzo pasado bajo el nombre “Referencia: EX-2024-23928359- -APN-SSGA#MCH – ANEXO I – LINEAMIENTOS GENERALES Y OPERATIVOS DEL PROGRAMA VOLVER AL TRABAJO”, estaba a punto de ser firmado por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el secretario de Trabajo, Omar Yasín.
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Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano. (Foto: NA / Damián Dopacio)
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Sin embargo, el reciente desplazamiento de Omar Yasín por el escándalo de los aumentos de sueldos a cargos jerárquicos del Gobierno interrumpió el proceso, que debe sujetarse ahora a la revisión por parte del nuevo secretario de Trabajo, Julio Cordero.
“La participación de una persona en una movilización no impide ningún derecho”
“El Gobierno vive amenazando con cosas que son abiertamente ilegales, y estamos accionando judicialmente frente a estar arbitrariedades. La participación de una persona en una movilización no impide ningún derecho. Ni este ni ningún gobierno puede violentar las libertades democráticas”, sostuvo Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, en conversación con TN.
Y agregó: “Vamos a pelear en todos los terrenos contra esto. Lo haremos a través de la lucha callejera y también en el plano judicial”.
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Eduardo Belliboni, referente de los movimientos sociales de izquierda. (Foto: Reuters / Agustín Marcarian)Por: REUTERS
“Llevaremos adelante una jornada nacional junto a otras organizaciones sociales y sindicales. Vamos a profundizar nuestro plan de lucha frente a la falta absoluta de respuesta del gobierno ante la emergencia alimentaria y el ajuste a la economía popular”, señala un comunicado del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), cuya cabeza visible es el dirigente social K Juan Grabois.
La organización le apuntó a Pettovello por el desabastecimiento a los comedores comunitarios que funcionan barrios populares. “Las trabajadoras sociocomunitarias hacen malabares para poder sostener las ollas que alimentan a millones de familias que están sufriendo”, agregaron.
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Con la creación de los programas “Volver al Trabajo” y “Acompañamiento Social”, sumado a la eliminación de las 304 unidades de gestión, el Gobierno avanzó en la eliminación de la intermediación entre beneficiarios y punteros.
El Ministerio de Capital Humano busca mantener una relación directa con el beneficiario y por eso impulsa el pago de los planes sociales sin la necesidad de que una organización social deba controlar que se cumple con la contraprestación.