CÓRDOBA.- Desde la Justicia Federal de San Francisco, en el sudeste de Córdoba, aclararon que no hay ni hubo ninguna persona detenida por presunta colaboración con Hezbollah. El fin de semana, la Policía Federal informó que cuatro personas habían sido arrestadas, tres en Córdoba y una en Santa Fe, por la investigación de una alerta de la Unidad de Información Financiera (UIF), que hace un mes advirtió sobre operaciones con criptomonedas entre un colombiano nacionalizado argentino que se estaba en esta provincia y una billetera virtual que habría sido marcada como sospechosa de actividad de financiamiento del terrorismo, listada por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros –Office of Foreign Assets Control (OFAC)– sobre un sirio radicado en el Líbano y vinculado a Hezbollah.
La fiscal federal de San Francisco, María Marta Schianni, aclaró que se realizaron allanamientos y se “fichó” a los ciudadanos, pero no hubo detenciones. El comunicado oficial de la Policía Federal fue compartido por el Ministerio encabezado por Patricia Bullrich el sábado pasado. LA NACION se comunicó con el Ministerio de Seguridad, pero, hasta el momento, no hubo respuesta.
Los allanamientos se hicieron en las casas de tres vecinos de la localidad de Porteña, muy cerca de San Francisco, y en la población de Vila, en Santa Fe. Se realizó un procedimiento de secuestro de datos para determinar si las operaciones financieras reportadas son algo más que sospechosas. Las cuatro personas fueron llevadas a la sede judicial para ficharlas, pero no hubo detenciones en ningún momento, aclararon fuentes judiciales.
A comienzos de septiembre, la UIF dispuso una medida preventiva de congelamiento de fondos por una operación sospechosa de financiación del terrorismo internacional de parte del colombiano-argentino y el sirio presuntamente vinculado con Hezbollah. El organismo, en esa instancia, explicó que los movimientos de dinero detectados no necesariamente implicaban la presencia territorial del grupo terrorista islámico responsable del atentado a la AMIA en 1994 y actualmente en guerra con Israel en Medio Oriente. La Justicia Federal de Córdoba comenzó a actuar entonces.
Ni en ese momento ni ahora hubo orden de detención alguna dictada. La Justicia fue alertada porque la caución de los fondos (el congelamiento del dinero en cuenta) requiere de convalidación judicial y, a la vez, se puso en marcha la investigación sobre si hay o no relación entre estas personas y Hezbollah.
No es el primer caso de este tipo. A comienzos de este año, Bullrich informó que tres ciudadanos extranjeros habían quedado detenidos en el país como posibles integrantes de una célula terrorista. En conferencia de prensa, la ministra reveló cómo fue que surgió la sospecha sobre estas personas mayores de edad que fueron arrestadas en distintos puntos del AMBA.
Días después, la Justicia indicó que no había constancias en el expediente de la “información de inteligencia” brindada por “elementos de los Estados Unidos y de Israel” que –según la ministra– habría dado sustento a las sospechas de que se estaba tramando un eventual atentado antisemita en el país.