Luego del inesperado traspié que sufrió la empresa Exxon en 2021 de parte de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires –que falló en favor del municipio de Quilmes en un pleito por supuesto cobro indebido de la Tasa de Seguridad e Higiene-, las empresas del sector privado dejaron de entablar demandas para cuestionar impuestos. Pero ahora parecen estar recobrando el ánimo con respaldo del Gobierno.
Tres cadenas de supermercados de primera línea comenzaron a desarrollar una estrategia para avanzar contra la Tasa de Seguridad e Higiene de Lanús, según pudo confirmar Ámbito de fuentes empresariales.
Se trata de una modalidad que se extendió, no solo a lo largo de territorio bonaerense, sino que se adoptó en otras provincias como Santa Fe y Córdoba. Los concejos deliberantes aprueban tasas por ciertos tipos de servicio, cuyo valor no se fija en función de la tarea que demanda tal servicio, sino aplicando una alícuota sobre la facturación. Eso constituye en sí mismo un impuesto que los municipios no podrían cobrar. Es decir, gravan una manifestación económica con una alícuota.
Constitucionalmente, las comunas no pueden hacer eso sino solo cobrar tasas por servicios determinados, como por ejemplo el alumbrado, el barrido o la recolección de residuos. El precio del servicio es igual para todos, independientemente de lo que ganen los vecinos de la cuadra.
Por eso cuando en 2021 la Suprema Corte falló en favor de la petrolera, que en ese momento tenía las estaciones de servicio Esso, resultó inesperado y eso inhibió a otras empresas en situación similar a seguir pleiteando.
Un reclamo renovado
Pero con la definición política del Gobierno de evitar que el espacio fiscal que piensa ir dejando la Nación, lo ocupen los municipios y las provincias, ahora las empresas vuelven a animarse a cuestionar judicialmente. En este caso se trata de los supermercados Coto, Vea y ChangoMás de Lanús contra la comuna por la Tasa de Seguridad e Higiene. Hace unos meses, los tres establecimientos mostraron a modo de protesta en sus puertas carteles que indicaban a los clientes que le trasladaban al precio el nuevo costo fiscal.
Fuentes del sector de los supermercados confirmaron a Ámbito que están siguiendo “todos los pasos formales” para tratar de voltear el impuesto. Han presentado ante la Justicia ordinaria de la provincia reclamos por inconstitucionalidad. Se trata de un paso necesario, porque en realidad, se espera que los jueces rechacen el reclamo, basados en la jurisprudencia de la corte provincial. Superado ese momento, están decididos a apelar a la Justicia Federal, donde la situación cambia dramáticamente.
Desde hace más de un mes el Banco Nación viene logrando semana a semana que los jueces federales frenen diferentes tipos de tasas que las comunas cobran a la entidad por los préstamos que otorga. Lo más reciente es que el Juzgado Federal de Ciudad de Rafaela, a cargo de Marcelo Bailaque, hizo lugar a una medida cautelar pedida por el Banco Nación para suspender las tasas que le cobra a la entidad la Municipalidad de esa ciudad. Los argumentos del Banco se basan en que la ordenanza que sostiene esta tasa es inconstitucional, que le imponen un tributo municipal desproporcionado sobre una base imponible que excede la actividad que la entidad tiene en esa localidad y que el efecto final es un aumento en los costos de los créditos. El BNA viene sumando desde hace tiempo antecedentes de este tipo también en distritos de Córdoba.
Según planteó el abogado especializado en temas tributarios Diego Fraga, sumando casos existe la posibilidad de avanzar en el fuero federal. La otra parte del argumento es que el artículo 9 de la Ley de Coparticipación plantea que al adherir a las provincias, organismos autárquicos y municipios de las mismas se comprometen a no aplicar impuestos o tasas “análogos a los nacionales” que se coparticipan.
Para ello la Nación debería hacer una presentación ante la Comisión Federal de Impuestos, que regula la relación fiscal con las provincias, y hacer un planteo para así, en caso de obtener un dictamen favorable, retener parte de la coparticipación.
Hay que recordar que en septiembre de este año el ministro de Economía, Luis Caputo, advirtió que el Gobierno iba a tratar de evitar que las comunas cobren este tipo de tributos. El otro impuesto que está en vigencia, es la tasa Vial, que se aplica en las estaciones de servicio como un porcentaje de la venta de combustibles. Caputo quiere ir contra eso y también contra el cobro de tasas municipales en las facturas de servicios públicos.