El constitucionalista Armando Aquino Britos advirtió que bajar la edad de la imputabilidad penal no resuelve el problema de fondo y podría reforzar la exclusión social si no se acompaña con políticas educativas, laborales y de contención. Además, alertó sobre el riesgo de criminalizar la pobreza. Recordó que los compromisos internacionales en derechos humanos exigen garantizar protección y defendió la vigencia de la Constitución como límite a los impulsos del Poder Ejecutivo.
El constitucionalista, Armando Aquino Britos, entrevistado por El Radar, que se emite por InfoD radio con la conducción del periodista Facundo Sagardoy, observó los proyectos que buscan reducir la edad de imputabilidad penal.
Expresó que esta medida no ataca las causas estructurales de la violencia juvenil y, por el contrario, puede agravar los niveles de exclusión si no se implementan políticas públicas que garanticen el acceso a la educación, el trabajo digno y espacios de contención social.
Alertó sobre los riesgos de una tendencia cada vez más frecuente: la criminalización de la pobreza. En ese sentido, recordó que el Estado argentino ha suscripto acuerdos internacionales que obligan a proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes, al tiempo que pidió abandonar las recetas punitivas que reducen la complejidad del problema a una cuestión de represión.
Así transcurrió parte del diálogo.
¿Cuál es su visión general sobre el proyecto de bajar la edad de imputabilidad penal en la Argentina a 13 o incluso 10 años?
-Mire, a mí me parece que es un buen avance, un punto de partida, pero no completa la solución de la situación.
¿Podría profundizar esa idea?
-Bajar la edad de la imputabilidad, que significa, para que la gente entienda, desde qué momento los menores o las personas pueden ser responsables de sus actos y recibir penalidades… Me parece que, en principio, está bien. Ahora, no soluciona todos los problemas porque para sacar a los menores -y sobre todo a la gente- del delito, el Estado tiene que ocuparse de hacer alternativas para que la gente no caiga en esta situación. Desde la formación educativa, desde la calidad de vida que le propone a través de ofertas de trabajo, para que el hombre común, sobre todo el menor, tenga claro que prefiere el libro a un revólver, que prefiere la pala a la cárcel… Entonces, usted va a encontrar que este no es un problema que se soluciona bajando la edad de la imputabilidad, sino que requiere múltiples medidas que tienen que ser concordantes y coherentes con esta.
¿Cuáles son los riesgos jurídicos y sociales de una medida de este tipo en contextos de alta vulnerabilidad infantil, doctor?
-Eso es grave, porque si no le ofrecemos trabajo, no le ofrecemos educación, es obvio que el mecanismo de la subsistencia por el margen -y margen o marginalidad significa estar fuera de la ley-. Entonces, el Estado tiene que hacerse cargo de esta situación, la sociedad tiene que hacerse cargo de esta situación. Y nosotros matamos esto. En principio está bien bajar la edad de la imputabilidad, ahora, no es la solución de los problemas, es apenas un punto de solución.
Garantizar la Constitución
Sobre la composición actual del funcionamiento de la Corte Suprema, es algo que tiene en vilo a todo el país, debido a que es uno de los tres poderes fundamentales del Estado, ¿no? En estos momentos, la Corte Suprema funciona de manera inédita con solo tres jueces. ¿Qué implicancias institucionales tiene esta situación?
-Ninguna, está funcionando bien. Lo que tiene que implicar en lo institucional es que se designen, al margen de la Constitución, jueces para tratar de que la Justicia tenga un comportamiento distinto al que tiene que tener, que es la independencia y la imparcialidad de los jueces para hacer efectiva la Constitución a través de sus sentencias. Entonces, ninguna, no hay ningún problema con los tres miembros que están funcionando. Y de última, si hubiese alguna dificultad en ese funcionamiento, se nombran jueces con el mecanismo de la subrogancia previsto en la Constitución y en las leyes para integrar ese cuerpo con otros dos miembros más.
Hay artículos que por ahí señalan que la presencia de solo tres jueces dentro de la Corte obliga a los jueces a estar en su composición completa para poder llegar a un acuerdo, y experimentar recarga.
-Si tienen cinco, si tienen siete y si tienen nueve, más se va a demorar. Entonces, al revés. Pero al margen de eso, yo no tengo por qué dar consejo a nadie, pero lo que sí digo es que vean la Constitución y para qué están los jueces. Los jueces no están para satisfacer el capricho de un gobierno, están para garantizar el funcionamiento de la Constitución y para aplicar la ley. Ahora, el mecanismo de asignación de los jueces… La Constitución dice que tiene que haber propuesta del Ejecutivo con acuerdo del Senado. Dice «acuerdo», repito la palabra: acuerdo. Que significa, por lo menos, censurar el perfil del magistrado para integrar ese lugar. Dice «acuerdo». Ahora, no dice «capricho del Presidente», dice acuerdo. Tienen que ponerse a buscar un juez que tenga la característica que mejor sirva a la Justicia. Y esto le puede gustar o no a la gente que va a escuchar, pero tiene características aristocráticas. ¿De dónde viene la palabra aristocrática? De «lo mejor», de buscar lo mejor. Entonces, el juez tiene que ser no el tipo más simpático, ni el más popular, tiene que ser la persona que tenga más y mejores cualidades. Y las cualidades tienen que ver con la formación académica, con la solvencia moral. Y ese hombre -o mujer, obviamente- tiene que ocupar ese lugar. Y surge de que entre los órganos o los poderes constituidos busquen el perfil. Y no lo han hecho. Y acá hay una búsqueda de imposición. Y cuando se dice «bueno, está funcionando con tu idea», en la época de Cristina o en la época de Alberto también hubo este problema. Y cuando Cristina propuso un candidato para cubrir una vacante, el Senado nunca lo trató y se retiró ese pliego, que era el del doctor Carlés. Entonces, no hay que escandalizarse con estas cuestiones que tienen que ver con el juego normal de las instituciones. Ahora, yo lo que veo es un peligro de una concepción autoritaria muy, pero muy llamativa. Y entonces, en estas cuestiones es donde uno tiene que hacer docencia, explicar las cosas, porque estamos ciertamente con estos rasgos autoritarios que van desde la pretensión de gobernar por decreto, abusando del mecanismo de los decretos de necesidad y urgencia, con claras ilegalidades e inconstitucionalidad en el ejercicio de las atribuciones del Presidente, y este tipo de comportamiento que es más bien un arrebato emocional que cumplir con la Constitución.
Perspectiva de derechos
Solemos oír al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, también reproducir algunos fragmentos de sus apreciaciones a través de la columna que suele publicar en el diario La Nación. Desde su experiencia como legislador, ¿considera que existe consenso suficiente en el Congreso para avanzar con ese proyecto, doctor?
-Sí, repito que sí, pero no es un problema… Con esto no se soluciona el problema, esto es apenas el comienzo. Y si se soslaya, como creo que lo hace el Gobierno y muchos de la población, si se soslaya que el Estado tiene que cumplir con políticas públicas -que son los derechos sociales que tiene que brindar para este sector-, va a ser como cualquier tipo de delitos que aparecen en el Código Penal: significa una prevención general positiva, en el sentido de que hay una ley que dispone que si cometés una infracción tenés una sanción. Bueno, el menor va a saber que a determinada edad va a ir preso, pero no lo vas a sacar del delito, porque el ambiente, porque el sector, porque la franja de la sociedad en la que está viviendo no le permite otra cosa, no le da otra alternativa. Y el Estado tiene que hacerse cargo, tiene que brindar educación, tiene que brindar salidas laborales para sacar al delincuente común de la calle, pero sobre todo al menor, que es al que tenemos que proteger.