El juez federal Sebastián Casanello citó a prestar declaración indagatoria al expresidente Alberto Fernández en la causa en que se lo investiga por el supuesto fraude con los seguros que contrataba el Estado durante su presidencia y el pago millonario de comisiones a brokers que intermediaban entre organismos públicos y Nación Seguros.
La indagatoria fue a pedido del propio Fernández, que quiere ampliar sus dichos antes de que el juez Casanello resuelva si lo procesa o no.
En este expediente, la Cámara Federal revocó este jueves la decisión de inhibir los bienes de los acusados, incluido el expresidente.
La medida cautelar regía sobre Fernández, su amigo y empresario de los seguros Héctor Martínez Sosa, su mujer y exsecretaria del expresidente, María Cantero, y los demás imputados, que suman una treintena.
Además, los magistrados pidieron que Casanello resuelva la situación procesal de los investigados.
Frente a la inhibición de los bienes, el camarista Martín Irurzun entendió que “en las condiciones actuales la decisión adoptada carece de la debida fundamentación, atendiendo a la naturaleza y alcances de la medida que se adoptó y el momento en que fue dispuesta”.
Eduardo Farah destacó que las indagatorias se hicieron hace seis meses y no se resolvieron las situaciones procesales. “Tampoco han surgido ni se invocan –antes o ahora- circunstancias que indiquen desplazamientos u ocultaciones de bienes u otras cosas vinculadas al objeto del caso», opinó.
Roberto Boico votó en disidencia por mantener las inhibiciones de bienes.
Este es un caso que involucra el presunto enriquecimiento ilegal de empresas y la norma es congelar los activos en la primera oportunidad, aún sin procesamientos.
La ley penal y procesal y la convenciones anticorrupción a las que adhirió la Argentina imponen en los casos de criminalidad económica y corrupción congelar activos lo más temprano posible. El estándar alcanzado con la indagatoria es más que suficiente para mantener esos congelamientos
En esta causa se investigan los seguros contratados por el Estado con productores cercanos al expresidente. El expediente estaba en manos del juez Julián Ercolini, suplente en el juzgado que tenia radicado el expediente, y ahora está a cargo de Casanello, que tomó la posta como juez subrogante.
Ercolini indagó a todos los imputados pero no llegó a procesarlos. Casanello le siguió, ahondó la investigación y ahora se aprestaba a llamarlos a indagatoria cuando la Cámara Federal le permitió a los empresarios disponer de nuevo de sus dineros, sus bienes y sus cuentas.
Un informe de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) determinó que Alberto Fernández le facturó a Martínez Sosa, su amigo y el marido de su exsecretaria, por supuestos servicios profesionales entre 2010 y 2019.
La inhibición de bienes de los imputados ya había sido ordenada en abril de 2024 por Ercolini, el primer juez de la causa, pero en ese momento también fue revocada por la Cámara Federal.
En abril de este año, Casanello decidió nuevamente congelar los bienes. Todas las defensas apelaron nuevamente y ahora lograron liberarlos,