El siglo XXI pareciera que es el siglo de las grandes urbes. Se estima que más de la mitad de la humanidad vive en zonas urbanas y se calcula que para el año 2050 esta proporción alcanzará casi el 70%, es decir que casi 7 de cada 10 personas vivirán en ciudades. La ciudad de Córdoba no es la excepción. Su crecimiento ha sido constante. Según el censo de 2022, nuestra ciudad tiene 1.498.060 habitantes, lo que representa un aumento del 13.8% en comparación con el censo de 2010. La Córdoba como ciudad metropolitana tampoco ha dejado de crecer. El censo también arroja que las ciudades que más se acrecentaron en el conurbano cordobés son Malagueño (104%), La Calera (42,7%) y Villa Allende (42,7%).
Toda ciudad, por definición, es un espacio en movimiento, en transformación, en permanente cambio. Por ello son espacios de tensiones, disputas y desencuentros, pero también de encuentros y testigos de grandes hechos históricos. Asimismo, son espacios de concentración de poder político, económico, social y cultural.
Problemas estructurales de Córdoba
Pero hay cuestiones de la Córdoba actual que me preocupan.
• El transporte público de la ciudad es muy deficiente y muy costoso. Pese a ser uno de los más caros del país, está en emergencia; y el debate sobre un nuevo marco regulatorio, totalmente paralizado.
• La contaminación atmosférica y, con ella, la ciudad sucia. Vemos desplegados, y de forma descontrolada, innumerables basurales a cielo abierto. A esto se suma un servicio de recolección de basura malo y muy oneroso.
• La contaminación acústica. Ocurre, por ejemplo, en barrio Alberdi cada fin de semana que, por las distintas bailantas, los niveles excesivos de la música por sobre los permitidos alteran las condiciones normales y causan molestias en los habitantes del barrio; todo, sin control municipal.
• El tráfico y la movilidad. El congestionamiento vehicular, la falta de transporte público eficiente, la escasez de estacionamiento y la dificultad para desplazarse con rapidez son problemas que afectan la calidad de vida y la productividad.
• La falta de vivienda. La creciente demanda de vivienda y los altos costos dificultan el acceso a un hogar digno para muchos habitantes.
• La falta de seguridad. Córdoba es una ciudad cada vez más insegura por el crecimiento permanente de la desigualdad social, la debilidad de las instituciones de seguridad, la convivencia entre las fuerzas de seguridad y la delincuencia. La falta de justicia, la impunidad de los delitos y la poca eficiencia de las autoridades generan una sensación de desprotección y falta de confianza en las instituciones. Todo ello hace que la percepción de riesgo y vulnerabilidad de los ciudadanos vaya aumentando cada día más.
• La falta de infraestructura. En la ciudad vemos prácticamente un abandono en materia de servicios (calles rotas, barrios sin iluminación, acumulación de basura, falta de mantenimiento de parques y plazas). Se suman la inflación burocrática y el exceso de impuestos, lo cual agobia al contribuyente y se constituye como un combo perfecto para una ciudad poco amigable con sus habitantes.
Pobreza, desigualdad y derecho a la ciudad
Los efectos de toda esta situación son mayor pobreza, mayor desigualdad y menos libertad. Daniel Passerini no puede argumentar, en su defensa, que el incremento de la pobreza es responsabilidad del gobierno nacional solamente. También es verdad que Passerini, como parte de la fórmula gobernante, va camino a los ocho años de gobierno en la ciudad (cuatro años como viceintendente de Martín Llaryora y dos años como intendente). Además, su partido, el peronismo, gobierna la provincia de Córdoba desde hace casi 30 años.
En 2024, el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) dio a conocer un dato muy alarmante sobre que la cantidad de pobres e indigentes en el área metropolitana de Córdoba llegó al 50,5%. Por tanto, tenemos 220 mil cordobeses más pobres, por lo que vemos reducida aún más la clase media. A su vez, los efectos de la pobreza son algo aún más terrible porque reducen la esperanza de vida hasta en 4,6 años; así lo expresa un estudio científico de investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y la Universidad de Drexel (Estados Unidos) que dio a conocer el diario PERFIL en abril de este año.
El grito por igualdad y libertad
Esta situación de marginalidad y pobreza me recuerda la canción de Teresa Parodi, “El otro país”: He visto el otro país, vestido de soledad, durmiéndose en el andén, sin tener a qué puerta golpear.
La canción de Teresa es un grito al cielo, casi como una canción de urgencia. La vigencia de esta pieza artística es una denuncia a la marginalidad, la pobreza y a una ciudad que se ve devastada. David Harvey (2013) dice que existe el derecho a la ciudad como un derecho humano para todos los habitantes.
Sin embargo, nos cuesta mirar ese “otro país”; que, parafraseando a Parodi, sería la “otra ciudad”. El derecho a la ciudad es “mucho más que un derecho de acceso individual o colectivo a los recursos que esta almacena o protege”. Es un derecho a vivir en una ciudad limpia y con los mejores servicios, donde la frecuencia del transporte no sea una utopía; una ciudad segura, donde se pueda disfrutar de sus espacios públicos.
El derecho a la ciudad es el “goce amplio de los bienes (materiales e inmateriales) de la vida urbana”. Se trata de un nuevo paradigma de cómo percibir, pensar y comprender la ciudad y la urbanización; y de cómo orientar las voluntades de cambio. Este paradigma abarca principios, valores, creencias y reconocimiento de nuevos derechos. Es un nuevo marco político-filosófico: el derecho a la ciudad.
Entonces, a partir de este nuevo paradigma, ¿qué ciudad queremos?, ¿qué ciudad anhelamos construir? Siguiendo el pensamiento de Harvey (2013), es fundamental, en primer lugar, tomar conciencia de que el derecho a la ciudad es “un derecho más colectivo que individual, ya que la reinvención de la ciudad depende inevitablemente del ejercicio de un poder colectivo sobre el proceso de urbanización”.
Por supuesto, en armonía con el sujeto individual que se desarrolla en la comunidad. Por ello, es necesario comprender que la ciudad, desde una perspectiva no mercantil –recuperando la concepción de ciudad como espacio de lo público, del «habitar» colectivo–, debe promover una mejor calidad de vida y de desarrollo de las personas.
En la Córdoba actual, el derecho a la ciudad está clausurado por la inoperancia de un gobierno que privilegia una visión mercantil de la ciudad: negociados con los alquileres, marketing para parecer lo que no se es, impuestos caros e ineficiencia en los servicios. Esta visión mercantil, que oculta «la otra ciudad», conlleva un gasto desmedido por parte del intendente. El goce de la vida urbana, por lo tanto, se ve totalmente obstaculizado.
Pero lo que me preocupa muchísimo como ciudadano es la ausencia de una masa crítica del pueblo de Córdoba a este Estado ausente que cercena el derecho a la ciudad. ¿Por qué se le tolera tanto al peronismo?
Espero que alguna vez se comprenda que la única constancia para el peronismo de Córdoba es la ocupación del poder. No hay voluntad de transformación. Sus dirigentes no buscan construir el futuro, sólo están interesados en capturar oportunidades para perpetuarse en el poder a cambio de nada o, mejor dicho, a cambio de seguir atrasando Córdoba y clausurando un mejor derecho a la ciudad.
Dante Caputo (2015) supo decir que “un político debe buscar resolver las oposiciones entre la realidad y sus objetivos, entre la comprobación descarnada de cómo es el mundo que lo rodea y la voluntad de cambiarlo”. En consecuencia, para avanzar en la solución de este dilema es necesario un análisis exhaustivo de la realidad y una definición clara de la esencia de lo que se busca.
Caputo señala que cuando una de las condiciones falta –análisis de la realidad o decisión de cambio–, la posibilidad de tener éxito se reduce. Cuando las dos condiciones están ausentes, dicha posibilidad es nula. Es claro que al peronismo de Córdoba le faltan ambas. Mirar “la otra ciudad” es exigir el derecho a la ciudad. Sin dudas, es un grito por la igualdad y la libertad.