Javier Milei no discute glaciares, sino dólares, y los necesita ahora. La reforma de la Ley de Glaciares quedó postergada en el Senado para darle prioridad a la reforma laboral y no se tratará el miércoles próximo, pero aún permanece en el temario de las sesiones extraordinarias. El proyecto definirá cuáles serán las zonas y regiones en las que se permitirá o no desarrollar la minería, especialmente el cobre, sin afectar los glaciares y los ambientes periglaciales.
Según pudo saber iProfesional de fuentes oficiales, el proyecto no es un retroceso verde como se lo presenta desde el ambientalismo, sino una señal clara al mercado minero internacional de empresas de Canadá, Australia, Reino Unido, China, Países Bajos, Estados Unidos y Suiza que tienen inversiones en el país y buscan incrementarlas.
Javier Milei quiere dólares de la minería, pero puede surgir un conflicto
«Lo que pide el sector minero es tener reglas claras, definiciones concretas y bien determinadas de donde se podrá invertir porque los proyectos son millonarios en dólares», señaló a iProfesional una fuente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM). En esas zonas definidas se habilitarían inversiones en minería e hidrocarburos.
«La modificación no pasa por habilitación donde hoy no se puede hacer minería, o esté prohibido, sino tiene que ser una clarificación de aspecto de la ley sobre todo en definiciones claras de ambiente periglacial», agregó la fuente.
«Al no haber definiciones claras esto lleva a incertidumbre para empresas que tienen que empezar inversiones. Es dificil que una empresa ponga miles de millones de dólares en una zona donde no sabe si mañana le van a ir con una prohibición», agregó. El proyecto le conferirá a las provincias la potestad de definir sus zonas productivas.
La reforma ofrece mayor certeza de dónde se puede y donde no se puede invertir y cuál es la definición de «ambiente periglacial» y como es llevado al territorio. Todavía no tiene fecha de tratamiento, pero en la Casa Rosada aseguraron que es una prioridad para el Presidente.
«Es un tema de incertidumbre jurídica, lo que se plantea en la ley y no que se abran zonas que hoy por hoy estan prohibidas», señalaron fuentes mineras.
En rigor, la ley de actividad minera donde pide entre otras cosas informes de impacto ambiental y si no lo tiene aprobada ningún proyecto puede ponerse en marcha.
En buen romance, la Argentina quiere dejar de ser geológicamente rica pero jurídicamente impredecible. En la Casa Rosada lo dicen sin eufemismos: sin inversión no hay crecimiento y sin reglas claras no hay inversión.
Los principales interesados hoy en la sanción de la ley son los sectores de la minería del cobre. Los proyectos más avanzados en este sector son MARA, Pachón, San Jorge, de Suiza; Vicuña, Taca Taca, Filo Del Sol, de Canadá, y Los Azules, de Canadá/Paises Bajos.
En proyectos de Litio son Hombre Muerto Oeste (Galán), Kachi, Rincón (Argosy), de Australia; Sal de Vida, Cauchari (RT), Rincón (RT), de Reino Unido: Cauchar, de EE.UU.; Sal de los Angeles, Pozuelos, de China; Pastos Grandes, de Suiza / China, y Arizaro, de Canadá / Argentina.
En el rubro Oro, picaron en punta Hualilán, de Australia, y Calcatreu, de Canadá. Esos son los proyectos más avanzados. En CAEM consignaron que el proyecto de cobre Pascua Lama está frenado por un conflicto del lado chileno, no por legislación argentina.
El proyecto de ley no interesa tanto para los proyectos de litio, por las zonas donde están ubicados. En Santa Cruz, en tanto, hay una ley de zonificación previa y no hay conflicto con la ley de glaciares.
«El gran tema son los proyectos de cobre, que son además los que requieren inversiones de montos mayores y exportaciones», subrayaron los mineros a iProfesional.
La «nueva» ley de Glaciares
El proyecto de ley no crea una ley nueva, modifica la Ley 26.639, sancionada en 2010, que convirtió a la Argentina en una anomalía regulatoria en la región. Mientras Chile perfora y vive del cobre y Perú negocia proyectos con chequera, policía y acuerdos frágiles con comunidades, la Argentina se blindó con una norma amplia, ambigua y judicializable, que transformó al «ambiente periglacial» en un concepto elástico, sin definición técnica precisa, capaz de frenar decisiones de inversión multimillonarias.
El corazón del conflicto no es la protección de los glaciares —nadie propone minería sobre hielo— sino la falta de delimitación clara del bien jurídico a proteger. La ley vigente protege glaciares y ambientes periglaciales, pero no los define con precisión. Y ahí está el problema. La amplitud del concepto de ambiente periglacial generó interpretaciones dispares, incertidumbre jurídica y parálisis inversora, sobre todo en los grandes proyectos de cobre, los que demandan más capital y prometen más exportaciones.
Según pudo saber iProfesional, el debate todavía no se lanzó en el Senado, donde el Poder Ejecutivio envió el proyecto para ser tratado en sesiones extraordinarias, pero en el oficialismo creen que la ley tendrá menos resistencia que la reforma laboral. La apoyaría todo el bloque de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y legisladores de todos los partidos de provincias mineras como San Juan, Catamarca, La Rioja, Salta, Jujuy y Santa Cruz. No es casual: son las jurisdicciones que viven o podrían vivir de la minería.
Desde el peronismo, pusieron la cautela. El senador Jorge Capitanich lo sintetizó así: «No hubo análisis colectivo en el bloque. Pero ningún proyecto puede tratarse en extraordinarias. Hay que dar el debate con amplitud y participación». Traducción política: nadie quiere pagar solo el costo de una ley que toca una bandera sensible.
Qué busca cambiar Milei está claro. Reducir y precisar el alcance del ambiente periglacial, definir técnicamente qué geoformas cumplen función hídrica relevante, ordenar el inventario de glaciares —hoy considerado excesivo y restrictivo— y devolverles a las provincias un rol central como autoridad de aplicación, respetando el artículo 124 de la Constitución, que les reconoce el dominio originario de los recursos naturales.
En otras palabras, flexibilizar sin derogar. No prohibir per se, sino regular con criterios científicos. Desde la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) insisten: «La industria no busca eliminar la Ley de Glaciares ni poner en riesgo los glaciares». Lo que pide es previsibilidad. Nadie invierte miles de millones de dólares con reglas difusas.
El Instituto Argentino de Derecho para la Minería (IADEM) fue más lejos y respaldó explícitamente el proyecto. En un duro comunicado sostuvo que la adecuación de la ley no debilita la protección ambiental, sino que la fortalece, al dotarla de mayor precisión jurídica y federalismo efectivo. Un derecho ambiental asentado en normas ambiguas, advierten, termina siendo ineficaz.
Chile y Perú, en la mira del Gobierno
Chile y Perú son los modelos que Milei mira sin disimulo. El primero permite minería cerca de glaciares con estudios de impacto caso por caso y es líder mundial en cobre. El costo ambiental y social es asumido como daño colateral del desarrollo. Perú crece rápido, aunque con paz social intermitente. Argentina eligió otro camino. Milei quiere corregirlo. O, dicho sin maquillaje: alinear al país al estándar chileno para volver a ser competitivo.
Los proyectos que esperan en la gatera explican la urgencia. Josemaría, en San Juan, por más de 4.000 millones de dólares. Agua Rica–MARA, en Catamarca, hoy atrapado en litigios e indefiniciones. En Salta y Jujuy, el litio observa con atención, aunque el conflicto allí es menor por ubicación geográfica. En Santa Cruz, donde ya existe una ley de zonificación previa, la minería metalífera vuelve a respirar.
La verdadera grieta no es técnica. Es ideológica. De un lado, el ambientalismo, sectores judiciales y comunidades que defienden el agua como recurso estratégico. Del otro, un Gobierno que prioriza mercado, capital y velocidad. Milei apuesta a que el conflicto social es administrable y que la narrativa pro inversión puede correr a la Justicia del centro de la escena.
Tocar la Ley de Glaciares es abrir una guerra que ningún presidente quiso dar del todo. Milei sí. Porque necesita dólares, porque gobierna con lógica de mercado y porque, como repiten en el sector minero, la necesidad de divisas no tiene color político. El mercado ya tomó nota: en minería, energía y economía del conocimiento, el Presidente libertario decidió jugar fuerte y sin disimulo.