El juzgado en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal 2 de La Plata ordenó al Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud, dar a conocer una causa iniciada por la asociación civil “La Ciega”, que denuncia que la falta de adquisición de misoprostol y mifepristona impide el cumplimiento de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, sancionada en diciembre de 2020.
A través de un aviso en el Boletín Oficial, la cartera sanitaria a cargo de Mario Lugones notificó esta semana la existencia de una causa judicial colectiva en su contra. A partir de la presentación judicial, que contó con el patrocinio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Ministerio de Salud abrió este lunes una convocatoria durante 30 días “a personas gestantes y organizaciones a sumarse a un amparo colectivo para garantizar el acceso al aborto”.
La Justicia ratificó el derecho al aborto y la autorización de la venta de misoprostol en farmacias
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El CELS precisó que pueden sumarse al amparo colectivo quienes se les haya afectado el acceso al aborto “por obstáculos de algún tipo o falta de insumos”.
La asociación civil “La Ciega” impulsó, el año pasado, una “acción preventiva de daño”, en la que señaló que el Gobierno libertario no realizó las gestiones administrativas necesarias para adquirir y distribuir misoprostol y mifepristona, los medicamentos recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para procedimientos seguros de interrupción del embarazo.
Aborto seguro frente a la desinformación
Según la denuncia, la falta de provisión constituye una vulneración directa a los derechos reproductivos y genera un “daño irreparable” para quienes dependen del sistema público. Se trata de una acción colectiva porque no afecta a una sola persona, sino a todas las personas gestantes del país que dependen de hospitales públicos para acceder a la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo.
Negativa del Gobierno
El Gobierno nacional rechazó el amparo pero la Sala III de la Cámara Federal de La Plata ratificó a fines de 2025 la legitimidad de la asociación civil “La Ciega” para representar este reclamo.
El acceso a la medicación para garantizar un aborto seguro varía según las provincias. En algunos distritos, organizaciones feministas advierten que el desabastecimiento constituye una estrategia para anular la ley y llevar a las mujeres a la clandestinidad. La falta de información o información confusa también es una constante, según denuncian.
BK/fl