Desde este fin de semana, los habitantes de la ciudad de Corrientes se enfrentan a la interrupción total del servicio de colectivos durante la noche. Las empresas concesionarias Ersa y Transporte San Lorenzo suspendieron las circulaciones a partir de las 22 horas, una medida que se extenderá de forma indefinida. La decisión, tomada sin previo aviso, generó desconcierto entre usuarios y trabajadores del sector.
Una decisión empresarial, no gremial
El secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en Corrientes, José Sabao, aclaró en diálogo con este medio que la paralización no responde a un conflicto laboral. «No es una medida de fuerza convocada por el gremio o los trabajadores», afirmó, señalando que la determinación partió exclusivamente de las empresas. Según Sabao, la UTA se enteró de la situación a través de los propios choferes, ya que no recibió ninguna comunicación formal por parte de las firmas.
Los motivos: costos y falta de rentabilidad
Las empresas justificaron la medida ante el gremio alegando una «crisis» en el sector, impulsada por los altos costos operativos y del combustible. El objetivo declarado sería reducir gastos en los horarios de menor recaudación. «Es una decisión netamente de la empresa para ahorrar combustible después de las 22», explicó el dirigente sindical, quien advirtió que la suspensión «va a continuar» hasta nuevo aviso.
Impacto en la ciudad y falta de alternativas
La medida afecta a todas las líneas operadas por las dos empresas, dejando sin transporte público a trabajadores nocturnos, estudiantes y ciudadanos en general durante ocho horas cada día. Esta franja horaria carece de alternativas accesibles para gran parte de la población, ya que servicios como remises o aplicaciones de movilidad suelen tener tarifas elevadas.
El rol de la Municipalidad bajo observación
La situación pone en evidencia la tensión entre las concesionarias y el órgano de control, la Municipalidad de Corrientes, a través de su Secretaría de Movilidad Urbana. La normativa local establece al transporte urbano como un servicio esencial que debe ser garantizado. La medida unilateral e inconsulta de las empresas desafía la autoridad de contralor y expone las dificultades del sistema, históricamente golpeado por la reducción de subsidios y el aumento de insumos.
«Esto es por tiempo indeterminado, hasta que intervenga el órgano que corresponda», sentenció Sabao, trasladando la resolución del conflicto a las autoridades de aplicación. Mientras tanto, la incertidumbre crece entre los usuarios, quienes ven cómo un servicio básico se convierte en moneda de cambio en medio de una disputa económica que trasciende lo gremial.