El fallo favorable a la Argentina en el litigio por YPF en la Corte de Apelaciones de Nueva York no fue producto del azar, sino el resultado de una estrategia diplomática y legal minuciosamente orquestada desde la embajada argentina en Washington. Fuentes cercanas al proceso revelaron a Corrientes Abierta los detalles de una gestión que involucró a altos niveles de los gobiernos de Argentina y Estados Unidos, culminando con la intervención decisiva del Departamento de Justicia norteamericano.
Una gestión en dos frentes: lo técnico y lo político
El eje del trabajo se desarrolló sobre dos pilares fundamentales. Por un lado, un sólido argumento jurídico preparado por equipos de la Procuración del Tesoro y la Secretaría Legal y Técnica de Argentina. Por el otro, una intensa agenda de diálogo político y diplomático destinada a explicar las implicancias geopolíticas y económicas del caso más allá de las fronteras argentinas.
El embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, actuó como nexo central, coordinando reuniones con funcionarios clave del Departamento de Estado, el Departamento de Justicia y la Casa Blanca. La confianza depositada por el presidente Javier Milei le permitió operar con amplia autonomía, alineando los esfuerzos de la Cancillería, Justicia y la procuración del Tesoro.
Los actores clave en Washington
Dentro de la administración estadounidense, dos figuras emergieron como apoyos cruciales para la posición argentina. Michael Kozak, un experimentado diplomático con profundo conocimiento del Departamento de Estado, y Chris Landau, subsecretario trilingüe con expertise en leyes financieras y conocimiento de la región. Su comprensión del caso y su influencia dentro del aparato estatal fueron vitales para destrabar el apoyo formal.
Las gestiones incluyeron encuentros, tanto presenciales como virtuales, entre Oxenford, el subprocurador del Tesoro Juan Ignacio Stampalija, el abogado Roberto Giuffra Jr., y los funcionarios norteamericanos. El objetivo era claro: demostrar que un fallo adverso contra YPF sentaría un precedente jurídico peligroso con potencial impacto global, incluyendo para empresas estadounidenses.
El momento decisivo: la intervención del Departamento de Justicia
El punto de inflexión ocurrió cuando, tras meses de trabajo, el secretario de Estado Marco Rubio avaló las recomendaciones de sus asesores y solicitó formalmente al Departamento de Justicia que presentara sus argumentos ante el tribunal de Nueva York respaldando a la Argentina. Esta decisión, tomada tras una reunión específica en el Edificio Harry S Truman en enero de 2026, cambió el curso del proceso.
La presentación del Departamento de Justicia ante la Corte de Apelaciones constituyó un respaldo de enorme peso. Poco después, el tribunal suspendió los procesos de ‘discovery’ y desacato solicitados por los fondos demandantes, allanando el camino para el fallo final favorable. Los jueces, si bien independientes, tuvieron en cuenta los argumentos presentados por la administración estadounidense.
Un cierre histórico y sus implicancias
La noticia del fallo, que puso fin a un litigio de casi 15 años y atravesó cuatro presidencias argentinas, fue recibida con alivio tanto en Buenos Aires como en Washington. Para el gobierno estadounidense, este resultado se suma a otras acciones de acercamiento económico, marcando una etapa de alineación política entre ambas administraciones.
Analistas consultados coinciden en que, más allá de los vaivenes políticos, el caso demostró la importancia de una estrategia legal coherente combinada con una diplomacia persistente y bien informada. La protección de YPF requirió no solo vencer en los argumentos de derecho, sino también en el complejo tablero de las relaciones internacionales.