El gobernador Juan Pablo Valdés mantiene un vínculo de trabajo con el nuevo jefe de Gabinete, Guillermo Santilli, desde su gestión en el Ministerio del Interior. En la provincia se interpreta ese canal como una oportunidad para avanzar en una agenda de obras y financiamiento que acumula demoras.
Entre los catorce gobernadores que acompañarán la jura de esta tarde aparece un nombre que en Corrientes se sigue con particular atención: Juan Pablo Valdés. El mandatario correntino, hasta este mediodía, figuraba en la lista de los que estarán en el Salón Blanco. Viene sosteniendo con Santilli un vínculo de trabajo concreto desde la gestión de este último al frente del Interior, lo que en la Casa de Gobierno provincial se lee como una oportunidad para destrabar una agenda de reclamos que, pese al alineamiento político de Valdés con la Casa Rosada, sigue acumulando capítulos pendientes.
El antecedente más reciente es elocuente. A mediados de junio, el propio Valdés confirmó públicamente un encuentro con Santilli en el que se trataron temas de agenda común con el Gobierno nacional, principalmente la reanudación de la autovía de la Ruta Nacional N° 12, una obra de trece kilómetros que la Federación Empresarial de Corrientes considera estratégica para la conectividad provincial y que arrastra meses de desfinanciamiento y parálisis.
Ese contacto directo, sostenido incluso antes del ascenso a la Jefatura de Gabinete, es el que en Corrientes se interpreta como un canal institucional que ahora podría ganar peso y capacidad de resolución.
La lista de pendientes es larga. Además de la autovía, la Provincia reclama la reactivación de otras obras viales frenadas y la planta de líquidos cloacales, y mantiene una impugnación formal por la licitación del Corredor Belgrano, de la que quedaron excluidos tramos considerados clave para la conectividad de la Capital provincial, entre ellos el acceso por el puente interprovincial y la avenida 3 de Abril.
A eso se suma una demanda que excede lo coyuntural: la inclusión del segundo puente Corrientes-Chaco en la planificación de obras nacionales, una obra que el propio Valdés calificó como fundamental para la logística y el tránsito de toda la región del NEA y cuyo financiamiento no quedó garantizado en el Presupuesto 2026.
El capítulo financiero no es menos sensible. Corrientes reclama el pago integral de las regalías de Yacyretá y Salto Grande, que Valdés definió ante la Legislatura provincial como recursos vitales para la autonomía productiva de la Provincia, además de una deuda que la propia gestión provincial cifra en 146.000 millones de pesos correspondientes al Fondo Compensador Jubilatorio.
A ese reclamo se añadió, meses atrás, otro de naturaleza más inmediata: un saldo pendiente de Aportes del Tesoro Nacional que la Provincia calculó en 36.000 millones de pesos, una cifra que Valdés consideró vital para sostener el ritmo de la administración pública en momentos de caída de la recaudación.
Ninguno de estos reclamos implicó, hasta ahora, un quiebre con la Casa Rosada. Valdés mantuvo el respaldo al rumbo macroeconómico del Gobierno nacional, incluso al exponer públicamente la desfinanciación de obras en su propia Provincia, y reservó las críticas más duras para el plano de la ejecución antes que para el diagnóstico económico libertario.
Esa combinación de lealtad política y reclamo persistente es, justamente, el terreno donde una figura como Santilli puede pesar más que un vocero sin trato fluido con el interior productivo. Para Corrientes, que ya cuenta con un canal abierto y una agenda de trabajo iniciada en junio, la salida de Adorni y la llegada de un interlocutor con peso político propio y experiencia previa en la mesa de los gobernadores aparece menos como un cambio de nombre en el organigrama y más como la posibilidad cierta de una articulación institucional directa para destrabar, de una vez, los expedientes que la provincia viene empujando desde hace meses.