El diputado provincial Ricardo Leconte (LLA) presentó un proyecto para que Corrientes adhiera al sistema nacional de detección y bloqueo de señales móviles en penales. El expediente ingresó a la Cámara de Diputados con preferencia para ser tratado en el recinto dentro de dos sesiones.
En la Cámara de Diputados de Corrientes se incluyó un proyecto de ley que propone la adhesión de la Provincia al marco normativo nacional que habilita la detección y el bloqueo de dispositivos de comunicación móvil en los establecimientos penitenciarios.
La iniciativa, impulsada por el diputado provincial Ricardo Caíto Leconte, del monobloque La Libertad Avanza (LLA), fue registrada bajo el Expediente Nº 20.336. Tras tomar estado parlamentario el miércoles 26 de agosto, fue girada a la Comisión de Seguridad y Servicios Penitenciarios. En la oportunidad, se le otorgó preferencia parlamentaria, lo que implica que deberá ser tratada en el recinto dentro de dos sesiones.
El proyecto propone que Corrientes se sume a la Resolución Nº 336/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, publicada en el Boletín Oficial el 20 de abril, que autorizó la instalación de dispositivos destinados a detectar y bloquear la Identidad Internacional de Equipo Móvil (Imei) y la Identidad Internacional del Suscriptor Móvil (Imsi) dentro de los penales. Con ese sistema, un teléfono no autorizado queda inhabilitado para conectarse a las redes de telecomunicaciones dentro de los perímetros restringidos.
«Usan el celular para delinquir»
En los fundamentos del expediente, Leconte planteó que un celular en manos de una persona privada de su libertad se convierte «con frecuencia, en un instrumento delictivo de extrema gravedad». El legislador recalcó que desde el interior de los penales se coordinan extorsiones, intimidaciones y estafas, y que buena parte de esas maniobras se ejecutan bajo una «preocupante sensación de impunidad». Por ese motivo, remarcó que neutralizar la señal telefónica irregular dentro de las cárceles representa «un imperativo para salvaguardar la paz social».
En el texto se reconoce, al mismo tiempo, que la administración penitenciaria es una facultad propia de la autonomía provincial, no delegada al Gobierno nacional. Sin embargo, se plantea que la lucha contra el crimen organizado exige una articulación estrecha entre la Nación y las provincias, y se advierte que la falta de adhesión podría dejar a las cárceles correntinas como una zona vulnerable frente al delito complejo.
Facultades para el Ejecutivo provincial
De aprobarse, la ley autorizaría al Poder Ejecutivo provincial y al Ministerio de Seguridad de Corrientes a firmar convenios de colaboración con el Ministerio de Seguridad Nacional, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y las empresas de telecomunicaciones, con el objetivo de poner en marcha el bloqueo mediante tecnología georreferenciada.
Según el proyecto, ese esquema permitiría concentrar la restricción en los sectores de alojamiento de internos sin afectar las comunicaciones del personal penitenciario ni las de los vecinos de zonas linderas a las unidades carcelarias.
El articulado también prevé sanciones de cesantía o exoneración para los agentes del Servicio Penitenciario que faciliten, encubran o toleren el ingreso de celulares, y dispone que todo equipo secuestrado en zonas restringidas sea remitido de inmediato a la Justicia para su análisis forense. Además, establece que cualquier visita que intente ingresar un dispositivo móvil, una tarjeta SIM o accesorios similares quede automáticamente excluida del régimen de visitas, sin perjuicio de las causas penales que puedan corresponder.
Asimismo, el proyecto suma la obligación de instalar cartelería visible en los accesos a los penales, con la advertencia sobre la prohibición y el funcionamiento del sistema de bloqueo.
Contexto nacional
La iniciativa correntina se enmarca en una política que el Gobierno nacional profundizó en las últimas semanas. A la Resolución Nº 336/2026, que habilitó el sistema en el Servicio Penitenciario Federal, se sumó la Resolución 734/2026 del Enacom, que extendió el procedimiento a las cárceles provinciales, y la Resolución Nº 806/2026, que puso en marcha el Programa para la Detección y Bloqueo de Imei/Imsi en Establecimientos Penitenciarios.
La adhesión de cada jurisdicción es voluntaria y se formaliza mediante un convenio con la cartera nacional, que actúa como ventanilla única frente a las empresas de telefonía.
Comisión a cargo
La Comisión de Seguridad y Servicios Penitenciarios, que deberá dictaminar sobre el expediente, está integrada por José Vassel (en calidad de presidente), junto a Natalia Romero, Cecilia Gortari, Adriana Vidal Domínguez y Eliana Nazer.
De ese cuerpo depende el primer paso formal antes de que la iniciativa llegue al recinto, donde ya cuenta con preferencia para su tratamiento dentro de las próximas dos sesiones ordinarias.