La provincia de Corrientes implementó una veda biológica extraordinaria en un sector del río Paraná mediante la Disposición 931. En paralelo, se registraron decomisos de pesca ilegal en Empedrado y Lavalle. Un ambientalista cuestionó la efectividad de los controles.
La provincia de Corrientes implementó una veda biológica extraordinaria en un sector del río Paraná a través de la Disposición 931 de la Dirección de Recursos Naturales, vigente desde el 9 de septiembre. La medida abarca el tramo entre los kilómetros 1.109 y 1.150 del río Paraná y prohíbe la pesca en sus modalidades deportiva, comercial y de subsistencia. La restricción tiene carácter dinámico: se extiende sobre los cardúmenes si estos se desplazan fuera del perímetro inicial y se mantiene hasta que nuevos informes técnicos aconsejen su levantamiento.
El marco legal contempla sanciones económicas equivalentes al valor de 500 litros de combustible súper, además de la inhabilitación para realizar actividades vinculadas a los recursos naturales por un plazo mínimo de seis meses. El organismo provincial habilitó la línea telefónica 3794-341-357 y el correo electrónico recursosnaturales [email protected] para recibir denuncias.
Decomisos en Empedrado y Lavalle
En zona de Empedrado, las fuerzas de seguridad interceptaron a infractores en el cauce. En el procedimiento se secuestraron 2.900 metros de mallones de tres telas, 12 cañas de pescar y 58 peces: 14 dorados, 2 surubíes y 42 sábalos.
En jurisdicción de Lavalle, la alerta de un residente costero permitió la intervención de la Policía Rural y la Dirección de Recursos Naturales. El operativo concluyó con la detención de tres hombres que operaban sin licencia ni documentación habilitante. En su poder se hallaron siete cañas y cinco bolsas con 11 dorados, un surubí, un patí, un manguruyú, un pacú, un armado, 77 ejemplares entre bogas y sábalos, y dos alas de raya con un peso cercano a los 30 kilos.
Declaraciones de un ambientalista
El ambientalista Luis Martínez cuestionó la interpretación de los secuestros como un indicador positivo. Para el especialista, la recurrencia de estos episodios expone falencias estructurales en la prevención.
Martínez había señalado: «Nuestro río Paraná no puede seguir siendo rehén de la indiferencia, la improvisación ni de intereses que privilegian el beneficio inmediato por encima de la conservación de un patrimonio que pertenece a todos».
Asimismo, enfatizó que la problemática principal no radica en el cuerpo normativo existente, sino en la aplicación efectiva de la fiscalización: «No se trata de una falta de normas, sino de ausencia de presencia, de controles reales y de sanciones que realmente se hagan cumplir. Cuando el Estado no está, otros avanzan sin límites. Las redes ilegales, la pesca sin regulación y la extracción indiscriminada se vuelven parte de una rutina que va vaciando nuestros ríos día a día».
El ambientalista abogó por una reorientación de los esfuerzos institucionales hacia la disuasión previa: «Las incautaciones no pueden ser vistas como procedimientos exitosos. Hemos naturalizado la idea de que decomisar peces o redes es un logro, cuando en realidad el verdadero éxito debería ser que estos hechos no ocurran. Lo que se necesita es prevenir la depredación, impedir la extracción ilegal de la fauna íctica del río y ejercer controles efectivos y permanentes, como corresponde».