La del kirchnerismo en el poder durante 2023 fue una muestra, un poco sesgada o muy sesgada, pero una muestra al fin, de cómo se pueden explotar los recursos del Estado y sacarles provecho político cuando no hay Presupuesto Nacional aprobado por el Congreso.
Aquella vez fue el del 2024 sustituido en las formas por el del 2023 prorrogado y en los hechos dominado por las llamadas “transferencias discrecionales” a las provincias, esto es, por un reparto de los ingresos que superen a los estimados en el Presupuesto 23 según el gusto y la conveniencia del Gobierno. Abundante, el plus venía garantizado por pautas notoriamente irreales, comenzando por la de subestimar la inflación.
En un ambiente político dominado por la puja electoral y a caballo de un manejo ultradiscrecional de los recursos públicos, la provincia de Buenos Aires y Axel Kicillof se quedaron así con el 42% de las transferencias provinciales contra el 16,8% que les tocó, por caso, a la Ciudad Autónoma, a Santa Fe y a Córdoba juntas. Individualmente, ninguna de ellas llegó a rozar siquiera el 10% del paquete.
Algo en las formas bien parecido aparece ahora, en un 2025 sin Presupuesto confirmado y con la posibilidad de apelar nuevamente a las pautas del programa de 2023. La diferencia es que este año gobiernan el mileísmo y la política del ajuste permanente, y la coincidencia de que reaparecen las transferencias discrecionales y el gasto público nacional administrados desde la Casa Rosada.
En cualquier hipótesis, quién duda que el oficialismo y sus espadas harán valer la posición dominante que hoy detentan. Y al modo siempre implacable al fin que acostumbra usar Javier Milei.
Lo que ya está a la vista en los datos de enero-octubre revela que la tajada de Kicillof se ha reducido drásticamente: del 42% de 2023 al 25% en 2024 o, si se prefiere ponerla en plata, de $ 461.200 millones a $ 153.400 millones. Con un fallo de la Corte Suprema de por medio, la Ciudad Autónoma recuperó recursos y saltó al primer puesto con una porción equivalente al 33% de la torta.
Pero la cuestión pasa justamente por el ajustazo al gasto provincial aplicado a través del golpe a las transferencias discrecionales, tal cual cuentan números tomados de un informe del especialista Nadin Argañaraz. Hablan de una movida que arranca en Buenos Aires y avanza sobre el resto con saques que llegan al 96 y al 98% hasta completar un “ahorro” que promedia nada menos que el 76% del paquete fiscal.
En ese raid hay de todo y no siempre intrascendente ni inocente, según surge de un relevamiento de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Entre los sacudidos por la motosierra, aparecen un fondo destinado a mejorar los salarios de los maestros, otros para obras viales, infraestructura hidráulica, viviendas y políticas alimentarias, más el financiamiento de las cajas jubilatorias transferidas a la Nación.
Estamos hablando de paquetes que rondan los $ 56.000 millones anuales o llegan, incluso, a $ 220.000 millones que se han reducido a la nada. Implican, crudamente, recursos comprometidos que de un año al otro se esfuman y dejan miles de damnificados en el camino.
Obvio, llegado un punto semejante habrá gobernadores apretados que deberán arreglárselas como puedan. Y en ese como puedan entra algo que suena a cantado: un toma y daca político con el mileismo o, si se quiere, el conocido “te doy si me das”. Finalmente, no faltan mandatarios provinciales cercanos al Gobierno y dispuestos a negociar, para preservar posiciones de poder.
Claro que en el mientras tanto o el simultáneamente hay problemas que, sumados a otros del mismo tipo, ya han tomado formas estructurales. Notoriamente, los atrasos en la infraestructura generados por la falta de inversión real o, si se quiere, por los años de desinversión. Según la publicación especializada El Auditor, entre enero y octubre los recursos destinados a la obra pública nacional cayeron un impresionante 83% real, o sea, descontada la inflación.
¿Esto es parte del Estado que Javier Milei desprecia o peor, que se propone destruir desde adentro según el mismo dice?
Por de pronto, seguimos alejándonos de los estándares normales que relacionan inversión pública con PBI. Los datos del Ministerio de Economía cuentan que desde 2016 incluido, solo en el 2021 la inversión pública superó el 2% del PBI, y raspando: sacó un 2,4%. En los nueve períodos restantes anduvo siempre en la zona del 1%, si no directamente debajo del 1%.
En América latina la inversión pública promedio aumentó del 2,8% del PBI al 3,9%, entre 2002 y 2016. Y la participación de los llamados gobiernos subnacionales, esto es, las provincias, ya supera el 50% de la inversión total.
Los saltos, en explicaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que está detrás del operativo, son parte de una política regional que juzga clave recuperar la infraestructura del transporte y reforzar los servicios comunales y la vivienda.
En un sentido más amplio, la idea también apunta a crear un entramado que fortalezca las capacidades productivas de los países, levante los niveles de competitividad sectoriales tanto hacia adentro como hacia afuera y sirva al objetivo de reducir la desigualdad social.
Últimos datos para este boletín. Primero: entre enero y noviembre de 2024 los gastos de capital cayeron un 76,8% respecto del mismo período del año pasado, esto es desplome de la inversión pública total. Segundo: las transferencias a provincias para gastos de capital se derrumbaron 84,2% durante el mismo período; lo que se dice todo al superávit fiscal que piden los mercados. Conclusión: el Estado ausente.